Además de la acusación de la Fiscalía, Procuraduría y Petroecuador se presentaron como acusadores particulares. El juez Felipe Córdova debe decidir cuáles de los 13 procesados irán a juicio por delincuencia organizada.
La diligencia se extendió más de lo previsto. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado caso Las Torres duró ocho días.
Esto se debe a que en el caso hay tres partes acusadoras:
- Fiscalía, como dueña de la acción pública.
- Procuraduría y Petroecuador, como presuntas víctimas presentaron acusaciones particulares.
En el caso Las Torres se persigue un presunto delito de delincuencia organizada. Según la teoría de la Fiscalía, entre 2017 y 2020, en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia funcionó una estructura criminal.
Esta presunta organización se dedicó a la gestión y cobro de sobornos a contratistas del Estado, como Nolimit, a cambio del pago de facturas atrasadas y el desvanecimiento de glosas.
Inicialmente, el caso empezó con 16 vinculados, pero en el camino se redujeron tres nombres. En mayo de 2021 el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, murió en la Cárcel 4 de Quito en un presunto suicidio.
Además, la Fiscalía no encontró pruebas para acusar a Marco Flores y Elsie Cueva, padres de Pablo Flores (exgerente de Petroecuador), por lo que solicitó que se los excluya del caso y se dicte un auto de sobreseimiento.
Por esta razón, a la audiencia preparatoria de juicio, solo llegaron 13 procesados. Aunque, las partes acusadoras difieren algo al apuntar a los implicados.
Las acusaciones del caso Las Torres
Las tres partes acusadoras buscan llegar a juicio en el caso Las Torres. La Fiscalía apunta a los 13 procesados, la Procuraduría a 12 y Petroecuador a 11.
Depende del juez Felipe Córdova, y del análisis de los elementos de convicción, decidir quiénes serán juzgados y quiénes sobreseídos.
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Fiscalía General del Estado
Por la presencia de exautoridades nacionales como el excontralor, Pablo Celi, y el exministro de Estado, José Agusto, el caso se lleva desde sus primeras instancias ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Además, la acusación oficial la lleva la fiscal general Diana Salazar. En su intervención, la funcionaria pidió que se llame a juicio a los 13 procesados, en calidad de autores de delincuencia organizada.
Presentó 100 elementos de convicción. Y, si bien señaló a todos como autores, Salazar dijo que los líderes de la organización fueron Flores y Celi y los demás actuaron como colaboradores.
Para Flores y Celi, la Fiscalía busca una sentencia de siete a 10 años de cárcel. Mientras que para los colaboradores, las penas pueden ir de cinco a siete años de prisión.
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Procuraduría General del Estado
La Procuraduría comparte la misma teoría del caso de la Fiscalía. Sin embargó, solo acusó de manera oficial a 12 de los 13 procesados.
Esta entidad dejó fuera de la lista a Andrés Luque, quien, según la Fiscalía, puso a disposición de la estructura criminal su empresa, Fraxianer, como intermediadora para recibir los sobornos.
Luque es accionista de esa empresa, mientras que el gerente es Néstor Medina, un carpintero guayaquileño, quien, al parecer, únicamente firmaba documentos a pedido de Luque.
En su acusación, la Procuraduría dijo que el caso no termina con la delincuencia organizada, sino que el grupo tenía como propósito otros delitos como cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito.
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Petroecuador
Petroecuador fue la última parte acusadora en intervenir en la audiencia. Esta entidad que busca una reparación, en calidad, de víctima.
En su intervención, Pedro Bermeo, representante de la estatal petrolera, excluyó a Roy Calero y a Álvaro de Guzmán.
Calero es un empresario privado. Según Roberto Barrera, sentenciado en Estados Unidos y uno de los delatores de este caso, Calero le entregó parte de los USD 150.000 que Raúl de la Torre, otro de los delatores, le dio como parte de la trama de sobornos.
La Fiscalía tiene los recibos de esas transferencias que habrían sido realizadas a Martha Barrezueta, esposa de Barrera y una de las 13 procesadas en Las Torres.
De Guzmán, en cambio, es también un empresario y guarda una cercanía con Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, también procesado en este caso.
Los pedidos de las defensas
Pablo Celi, excontralor, junto a su abogado Marcelo Ron, durante la audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres, el 10 de diciembre de 2021. CNJ
Luego de la presentación de las acusaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y de Petroecuador, llegó el momento para que intervengan las defensas de los 13 procesados.
Los abogados centraron sus exposiciones en los pedidos de modificaciones y revocatorias de medidas cautelares. Además, pidieron el sobreseimiento y archivo del caso.
Al momento, solo tres de los 13 procesados están detenidos: el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban, así como Adolfo Agusto, hermano del exsecretario José Agusto.
Joan Paul Egred, abogado de Agusto, pidió que se revoque la prisión preventiva que pesa en contra de su cliente.
Según el abogado, al inicio del caso Adolfo Agusto fue señalado como líder de la organización, pero ahora solo es considerado colaborador por lo que la detención es una medida exagerada.
Ricardo Vaca y Marcelo Ron, abogados de Esteban y Pablo Celi, respectivamente, también pidieron la liberación de sus clientes.
Vaca argumenta que debe primar el principio de igualdad con el resto de los presuntos colaboradores que no están presos y, por esta razón, Esteban Celi debería ser liberado.
Ron se acogió al mismo principio, argumentando que Pablo Flores, exgerente de Petroecuador y otro de los supuestos líderes de la organización, se está defendiendo en libertad.
Pasadas las 19:00 del 16 de diciembre de 2021, la audiencia se suspendió. El juez Córdova convocará para una nueva fecha, en la que comunicará su decisión sobre estos pedidos y sobre el llamado a juicio a los involucrados en el caso Las Torres.
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