Fiscalía pide reformular cargos contra Pabón, Hernández y González

Luego de 66 días de instrucción fiscal, la Fiscalía Provincial de Pichincha solicitará a la Corte de la misma jurisdicción reformular los cargos por rebelión contra la prefecta de Pichincha Paola Pabón, el exasambleísta de oposición Virgilio Hernández y su asesor Christian González.

El objetivo del Ministerio Público es continuar con las investigaciones por rebelión, delito que está tipificado en el artículo 336 del COIP. Pero esta vez por el inciso primero.

Cuando el caso se inició, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, formuló cargos por el numeral 4 del artículo en mención, que señala a la persona que "promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado".

Ahora, el investigador apunta al inciso primero, que habla de la persona que "se se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno".

La Fiscalía aceptó, en un comunicado oficial, que dentro de la instrucción fiscal no se ha podido establecer la participación o el financiamiento de grupos armados por parte de los procesados.

Aunque, añade que sí hay indicios de que Pabón, Hernández y González, a través de actos violentos bien concertados, intentaban alterar la paz del Estado, durante las violentas protestas de inicios de octubre de 2019.

El penalista Pablo Encalada explica que con este cambio, la Fiscalía ratifica las investigaciones por un intento de derrocamiento.

Pero descarta la presencia de grupos armados, sino solo a través de manifestaciones violentas.

La reformulación implica, además, que los procesados enfrentan una pena de entre cinco y siete años de cárcel, mientras que con el cargo anterior la pena podía llegar a 10 años.

Los tres procesados están detenidos desde octubre. Pabón fue trasladada a la Casa de Confianza de Chillogallo. Mientras que Hernández y González están en la Cárcel 4.

El martes 24 de diciembre de 2019, se realizará una audiencia de revocatoria de prisión preventiva en la Corte Provincial de Pichincha, esta fue solicitada por los acusados con el argumento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para los tres.