Prisión preventiva para Javier Córdova, exministro de Correa y Moreno

Al tercer intento y de manera telemática, el 10 de enero de 2024, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Javier Córdova, exfuncionario de las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Una vez más, la diligencia estuvo en riesgo de posponerse por la ausencia de Édgar Molina, abogado de Córdova. Pero el juez Marco Rodríguez negó el pedido de diferimiento e instaló la audiencia. Minutos después, Molina se conectó.

Esta y otras audiencias en la Corte Nacional y demás judicaturas del país se están realizando de manera telemática desde el 10 de enero, debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Córdova fue ministro de Minería, entre febrero de 2015 y mayo de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa. Y mantuvo ese cargo hasta enero de 2018, durante la administración de Lenín Moreno.

Además, durante el correísmo -antes de la Cartera de Minería- estuvo ligado a la seguridad. En 2010 fue director de la Unidad que coordinó la construcción de las nuevas cárceles. En 2011 ingresó al Ministerio del Interior, donde trabajó hasta 2014, como subsecretario y viceministro de seguridad, durante la gestión de José Serrano.

Según la teoría expuesta por la fiscal Diana Salazar, con base en 65 indicios, entre 2012 y 2018, mientras estuvo en la función pública, el patrimonio Córdova se incrementó de manera injustificada en USD 1,2 millones.

El caso del Ministerio Público se basa en un informe de la Contraloría General del Estado. En ese documento, dijo Salazar, se detallaron depósitos adicionales a las remuneraciones, así como la compra de bienes sin justificación.

Por esta razón, y explicando que Córdova tiene domicilios en Medellín, Colombia; y en Miami, Estados Unidos; la Fiscal General pidió al juez Rodríguez que dicte orden de prisión preventiva en contra del exfuncionario.

Tras una breve deliberación, el Magistrado acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que la Interpol busque a Córdova para su captura.

El abogado Molina, por otro lado, argumentó que el informe de Contraloría ya había caducado. Mientras que Córdova pidió a Rodríguez que no dicte prisión en su contra, ya que estaría en riesgo su trabajo actual en Estados Unidos. Pero ese pedido no fue considerado.

Según la Fiscalía, el Magistrado también ordenó la retención de las cuentas bancarias que el procesado mantenga en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos registrados a su nombre. La instrucción fiscal durará 90 días.