Ocles será juzgada por favorecer al proveedor y no por el sobreprecio

En el denominado caso kits alimenticios se comprobó un sobreprecio del 40%: el Servicio de Gestión de Riesgos (SNGR) contrató la compra de 7.000 canastas a USD 150,82 cada una, cuando su precio en el mercado era de USD 86. La irregularidad fue certificada por la Contraloría General.

Según la legislación penal ecuatoriana, al existir sobreprecio en el contrato se pudo configurar un caso de peculado. Este delito se castiga con penas de hasta 13 años de cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía decidió perseguir otro delito. El Ministerio Público acusó a cinco personas por el delito de tráfico de influencias que se sanciona con penas de tres a cinco años.

A la cabeza de las personas que irán a juicio por este delito está Alexandra Ocles. Ella dirigía el SGNR en el momento de la contratación, durante el gobierno de Lenín Moreno.

Antes, durante la administración correísta, Ocles fue asambleísta por Alianza PAIS. Aunque su origen político fue el movimiento Ruptura de los 25, liderado por la exministra María Paula.

¿Por qué tráfico de influencias?

Según la Fiscalía, abusando de su cargo, Ocles y cuatro funcionarios más favorecieron a un proveedor y para conseguirlo, según el dictamen del caso, los acusados violaron varias normas legales.

¿Quién fue favorecido? Fulton Camacho Jordan, una persona natural, que habría variado su actividad económica principal el mismo día que presentó la oferta. Sin embargo, él no es parte de los procesados.

Las supuestas violaciones legales empezaron en la parte precontractual. Según la norma, los estudios para una contratación deben ser "completos, definitivos y actualizados", pero en este caso los documentos no tienen fecha de elaboración.

Tampoco se consultó la existencia en el Catálogo Electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) de los productos que se querían adquirir. Y se habría violado la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que se grabó con tarifa 12% de IVA a productos que tenían tarifa 0%.

En el sistema del Sercop tampoco se publicó la documentación relevante de este proceso como: contrato protocolizado, cédula de ciudadanía del contratista, RUC del contratista, entre otros.

Estas y otras irregularidades sirvieron de base para la acusación por tráfico de influencias.

Según el acta de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía mencionó el tema del sobreprecio. Uno de los indicios presentados son las proformas de tres supermercados.

Con base en esos documentos, la Fiscalía obtuvo un precio de mercado a nivel minorista de USD 95,16 por cada kit, lo que representa el 40,23% de diferencia con el monto contratado. Pero, el contratista "justificó el sobre precio por el costo de transporte".

A inicios de mayo de 2020, PRIMICIAS reveló el contrato con sobreprecio. Sin embargo, días después el contrato se rescindió y el pago no se concretó. Por esta razón, según la Fiscalía, no se puede perseguir un delito de peculado, ya que el perjuicio no se consumó.

Los otros procesados

Alexandra Ocles es señalada por firmar la resolución de adjudicación del contrato a Camacho. Pero, además, hay otros cuatro funcionarios involucrados.