Tercer intento fallido en el Congreso de Perú para adelantar elecciones

Por tercera vez, el Congreso de Perú rechazó este jueves un proyecto de ley sobre el adelanto electoral. Pero además incluía un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente.

Estos son dos de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales, que suman 66 fallecidos desde diciembre de 2022.

Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, la iniciativa legislativa quedó lejos de lograr los 87 respaldos para su aprobación. El partido marxista Perú Libre, que llevó Pedro Castillo a la presidencia, planteó la propuesta.

Este proyecto de ley incluía comicios para elegir a presidente, congresistas y parlamentarios andinos el segundo domingo de julio de 2023 y un referéndum de una asamblea constituyente, que sería planteado a la ciudadanía en esa misma fecha.

Partidos de izquierda como el propio Perú Libre apoyan la propuesta. También, Perú Democrático, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial.

Pero, la mayoría conservadora y ultraconservadora del Congreso, conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, entre otros, rechazó la propuesta.

El largo debate se desarrolló tras el rechazo de este miércoles de otro proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García. Él planteaba celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año.

Esta propuesta consiguió 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones.

Horas después, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa legislativa, que propone el adelanto de elecciones generales para este año.

Consiste en un proyecto de ley que, por mandato constitucional, tiene el carácter de urgente.

Esta iniciativa incluye que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023 y será presentada este viernes en el Congreso por varios ministros.

Mientras, las movilizaciones y los bloqueos de vías se mantienen en 27 provincias, es decir el 13,8% del territorio nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo.