Perú: suben a 22 los muertos en las protestas contra el Gobierno

Las manifestaciones no ceden en Junín, centro de Perú, que reportó dos civiles fallecidos. Con estos hechos, el número total de víctimas mortales asciende a 22.

Quienes protestan piden el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, algo que por el momento se ha descartado en el Gobierno.

De hecho, este sábado Boluarte negó la posibilidad de renunciar al cargo y aseguró que se mantendrá "firme" en el cargo.

"¿Qué se resuelve con una renuncia mía, se resuelve el problema? No, no se resuelve el problema (...) Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones", dijo Boluarte en una rueda de prensa.

La Dirección Regional de Salud de Junín confirmó además que "producto de los enfrentamientos ocurridos en (el distrito de) Pichanaki durante el día", hay 52 heridos, de los cuales 43 son manifestantes y nueve son efectivos policiales.

Estas víctimas se suman a las seis de Apurímac, las tres de La Libertad, los ocho de Ayacucho, la de Arequipa, y la de Cuzco.

Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de todas las víctimas, pero al menos tres eran menores de edad.

También, el Ministerio de Salud anunció que 63 personas se mantienen hospitalizadas tras las protestas producidas en diversos puntos del país.

El Gobierno de Perú reafirmó este viernes su "apoyo incondicional" a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las protestas y manifestaciones violentas que han dejado, hasta el momento, 20 fallecidos y cientos de heridos en el país andino.

"Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno", declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, tras una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército peruano.

Al comentar a periodistas la situación que afronta su país, donde han muerto en total 20 personas desde el inicio de las manifestaciones, el pasado domingo, el ministro dijo que hay "más de 300 policías heridos, varios de ellos en estado de gravedad".

Otárola agregó que las fuerzas de seguridad "han tomado control de espacios críticos nacionales" y adelantó que "seguro pronto van a volver a volar las compañías aéreas" en las zonas del país cuyos aeropuertos han sido cerrados por medidas de seguridad.

"Esperamos que en el más breve plazo se restablezca la paz y el orden interno en el país", acotó.

A su turno, el ministro del Interior, César Cervantes, dijo que la Policía está actuando "en el marco constitucional" y que ya se mantiene y controla "el orden interno", por lo que exhortó a la población peruana "a la calma, paz y tranquilidad".

El pleno del Congreso de Perú rechazó un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023, en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no recibió el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes a sus cargos seis días después de asumirlos por la "desproporcionada" respuesta a las manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido 18 personas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

"Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Pérez envió otra misiva -difundida en medios locales- en la que sostiene que "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el Gobierno.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, hizo este viernes un llamado al diálogo a los manifestantes que reclaman su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, y pidió que cese la violencia tras la muerte de 18 personas en las protestas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

"He convocado a los líderes de las iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado (...) Abriremos esos espacios para llamar a los líderes que encabezan estas marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas", dijo Boluarte en una ceremonia de graduación de militares.

Anunció que, "con el apoyo de gobernadores" regionales, abrirán esos espacios de diálogo "para llamar a los líderes" de las manifestaciones.

Todo ello "con un claro objetivo, la paz social del país", envuelto en un clima de crisis tras el fallido autogolpe de Estado de su destituido predecesor, Pedro Castillo.

"Este Gobierno de transición que presido, entiende y sigue reconociendo las demandas de los peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los manifestantes", dijo Boluarte.

Por otra parte, condenó "enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales (...) utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas y la economía familiar que siguen dañando a pocos días de la Navidad".

"Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar", enfatizó

De los 18 manifestantes fallecidos en las protestas contra el Gobierno, nueve de ellos murieron desde que entró en vigor el estado de emergencia, con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.

El foco de tensión estuvo en la ciudad de Ayacucho, al sureste del país, donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas, lanzadas desde helicópteros y disparos.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años 80 en su territorio, reportó siete muertos y 52 heridos.

Ante esta situación, el Gobierno Regional emitió un comunicado, en el que responsabiliza de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa.

Según consta en el pronunciamiento, estos deben "renunciar inmediatamente al cargo". También pidió la censura de la mesa directiva del Congreso de la República, para instalar un gobierno de transición.

Además, pide que se detenga de inmediato del uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Otros fallecidos en la jornada se reportaron en la norteña región d

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano, investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

El magistrado aceptó así el pedido de la Fiscalía, que argumentó "periodo procesal de fuga", tras su intento de acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal no fue incluido el ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, para quien el juez dispuso una "medida de comparecencia con restricciones".

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación durará ocho meses.