Con la Presidencia no alcanza, la Asamblea será clave en 2021

El próximo Gobierno deberá enfrentar la continuación de la crisis económica y cumplir con los acuerdos adquiridos para el financiamiento nacional, como la aprobación de ciertas leyes.

La dispersión de movimientos y partidos políticos en Ecuador es evidente, no solo en las candidaturas presidenciales. Las listas para la Asamblea son similares: solo para elegir a los legisladores nacionales hay 23 organizaciones políticas que presentaron candidatos. En 2017 hubo 15 listas en la papeleta.

Esto, sumado al desmoronamiento de las bancadas legislativas durante este periodo, hace prever que el escenario electoral para el Legislativo 2021 sea también la fragmentación.

En teoría, la Asamblea Nacional es el organismo más representativo del país porque acoge a los líderes de las distintas fuerzas políticas. Y ese pluralismo implica una mayor diversidad de voces en el plenario. Sin embargo, la dispersión actual ha demostrado que en el país esto no sucede y ha ocasionado que las leyes y juicios políticos no se aprueben por falta de consenso.

Y, la decisión de los electores, desde el cambio de Constitución, muestra una constante reducción del número de fuerzas políticas que obtienen curules:

En 2009 fueron una docena.
En 2013 fueron nueve.
En 2017 fueron inicialmente ocho, porque el segundo bloque mayoritario llegó como alianza.

Otra tendencia de los últimos periodos fue la consolidación de bloques legislativos, electos en las urnas. Alianza PAIS mantuvo una hegemonía que alcanzó su clímax en 2013. Fue cuando, por primera vez en la historia, una organización política consiguió mayoría absoluta en el Parlamento. Otros dos sectores en consolidar bancadas fueron Creo y PSC.

Un escenario electoral diferente

Pero, para las elecciones legislativas de 2021, el escenario electoral se presenta totalmente diferente. El clima político después de 14 años de gobierno del mismo movimiento y el cambio en las reglas electorales serán determinantes.

Un factor clave será el voto por partidos, es decir, en plancha obligatorio. A partir del próximo año, los ecuatorianos ya no podrán votar entre listas, escogiendo a los candidatos de su preferencia. Las reformas electorales establecieron que la votación sea en listas cerradas y bloqueadas.

Esto beneficiará a los partidos y movimientos que tengan más fuerza, o cuyos líderes o cabezas de lista puedan arrastrar más votación. No poder fraccionar el voto, como antes, hará que las curules de la Asamblea Nacional se repartan distinto a lo acostumbrado.

Y, a la vez, el cambio en el método de asignación de escaños está pensado para favorecer a las minorías y permitir su representación en el Legislativo, por lo que dividirá las curules de manera más desconcentrada entre las organizaciones más votadas.

La crisis económica y los pendientes legales

Al complejo escenario político, se suma la emergencia sanitaria con la crisis económica que contrajo y varias emergencias locales, como la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), la erosión en el río Coca y la caída de los precios del petróleo, que llegaron a un histórico bajo cero.

Con una deuda heredada, el Gobierno se vio obligado a renegociarla y adquirir más financiamiento para intentar sobrellevar la crisis, que, más allá de las medidas de austeridad, impide incluso el pago de salarios a varios frentes del sector público y deudas internas.

Estos problemas económicos, que pasarán a manos del sucesor del presidente Lenín Moreno, de entre los 16 aspirantes que hay al momento para llegar a Carondelet, son solo una parte del escenario venidero.

El futuro Jefe de Estado deberá lidiar con las distintas reformas que cuentan como obligaciones del país, en los acuerdos adquiridos para obtener el financiamiento internacional. Por lo tanto, requerirá del apoyo o acuerdos con el Legislativo.

En el último comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI), el resumen señala que el Ejecutivo se comprometió a reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar:

Un paquete de reforma fiscal, que incluye una moderación del gasto corriente y de capital.
Una reforma tributaria inteligente e integral.
Y una mejor gobernanza del gasto público, mientras continúa expandiendo la cobertura de la protección social.

Esas entre varios otros proyectos de ley, que no han sido tramitados por falta de acuerdos en la Asamblea Nacional y porque la mayoría oficialista con la que inició el periodo en 2017 se desvaneció, al punto en que Moreno ya no tiene representación partidista en el Parlamento, porque sus antes coidearios han dicho que ya no son el oficialismo.

La corrupción y la desconfianza en la Asamblea

Además, la Función Legislativa ha llegado a su punto más bajo desde la nueva Constitución. Los porcentajes de aprobación y credibilidad se desplomaron, según la última encuesta de Cedatos.

Entre agosto de 2017 y agosto de 2020, su aprobación cayó del 43% al 5 % y la credibilidad en la palabra de los legisladores es prácticamente inexistente, pasó del 29% al 2 %.

Esto va de la mano con la criticada gestión de la Asamblea, tanto en legislación como en fiscalización. El principal ejemplo son los juicios políticos que no llegan a tiempo o que están represados, como aquellos en contra de los ministros de Gobierno y de Finanzas.

Además, el Legislativo no ha tramitado los proyectos anticorrupción enviados por el Ejecutivo y que, con el escenario como está, podrían quedar también en manos del siguiente grupo de legisladores.

Aunque el procurador general, Íñigo Salvador, debería entregar una especie de Código Anticorrupción este año, con el objetivo de que el próximo gobierno tenga herramientas para enfrentar ese problema.

Y el escenario negativo se completa con la misma sombra de corrupción que envuelve al Parlamento: el mismo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reveló que 60 asambleístas, que representan el 44% del Pleno, tienen causas judiciales pendientes.

El saldo de los escándalos de corrupción, solo en este año, ha dejado: