Endurecimiento de penas aprobado en la consulta va a primer debate en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a los 137 integrantes de ese organismo, para el lunes 10 de junio, a una poco usual reunión del pleno.

Esto, con el objetivo de tratar el informe de primer debate de las leyes que se desprendieron de la consulta popular de 21 de abril, que fue convocada por el presidente Daniel Noboa.

Además de ser un lunes, el llamado fue hecho para las 19:30, bajo modalidad virtual. La comisión multipartidista, que procesa las reformas, aprobó el informe la tarde del sábado 8 de junio.

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El documento de 24 artículos incluye, especialmente, reformas para el endurecimiento de penas y las condiciones para aplicar la extinción de dominio.

En las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) la sanción por el delito de terrorismo, que hoy es de 10 a 13 años, pasa de entre 19 a 22 años; quienes los financien podrían ser sentenciados a 22 o 26 años. Hoy la pena es de entre siete y 10 años.

Además, la especificación de los delitos por los que no podrán acceder a beneficios penitenciarios, tal como fueron planteados en la consulta popular y referéndum.

Por ejemplo, los sentenciados por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la libertad de una persona con resultado de muerte, robo con resultado de muerte, cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros.

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Durante el debate del lunes, los legisladores podrán hacer aportes y recomendaciones a la propuesta y el documento regresará a la comisión para la elaboración del informe para segundo debate.

Esta mesa legislativa se ha establecido el 4 de julio como fecha tope para la entrega del informe definitivo.

Salvo el correísmo, que se abstuvo de votar a favor del informe para primer debate, por cuestionamientos al texto propuesto, la mayoría de integrantes de la comisión destacaron el trabajo realizado hasta el momento.

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La legisladora de la Revolución Ciudadana, Patricia Mendoza, recordó que la mayoría de invitados a dar sus aportes mostraron inquietud por los incrementos de penas, sin que medien principios de dosimetría penal y proporcionalidad.

Además, señaló que, al reformar la Ley de Extinción de Dominio y retirar el requisito de sentencia ejecutoriada, se vulneran los derechos de presunción de inocencia y la seguridad jurídica.