Sebastián Piñera, absuelto de juicio político por Pandora Papers

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó absuelto el martes en el juicio político que le realizó el Senado por las presuntas irregularidades desveladas en los papeles de Pandora y que buscaba su destitución a solo cinco días de los comicios para la elección de su sucesor.

El gobernante conservador no será destituido y podrá continuar con su mandato, que finaliza en marzo de 2022, gracias a que ninguna de las dos acusaciones por las que se le juzgó obtuvo la mayoría necesaria de dos tercios (29 de los 43 escaños) para ser aprobadas.

El resultado era previsible toda vez que la oposición controla solo 24 asientos y necesitaba sumar cinco apoyos oficialistas, pero apenas uno de los 19 senadores que dan soporte al Gobierno se abstuvo, mientras que el resto rechazó el libelo.

El proceso se desarrolló en un clima de efervescencia electoral y de polarización política por los comicios presidenciales de este 21 de noviembre y desde el bando oficialista se acusó a la oposición de estar haciendo un uso electoral del mismo.

Las acusaciones contra Piñera

La acusación culpaba a Piñera de haber faltado al principio de "probidad" y de "comprometer gravemente el honor de la Nación", a partir de lo desvelado por los Papeles de Pandora.

Esta investigación periodística divulgó, en octubre pasado, que el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su primer mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.

"Se trató de una acusación sin ningún fundamento constitucional ni legal, basada en hechos falsos o simples conjeturas, mañosamente relatadas, que solo respondieron a una lógica electoral", expresó el Gobierno a través de un comunicado tras conocerse el resultado de las votaciones.

En declaraciones a la prensa, el ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que "se ha acreditado la inocencia del presidente de la República".

Piñera defendió en varias ocasiones que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que de lo revelado por los Papeles de Pandora ya fue sobreseído en 2017 en los tribunales de Justicia.

El juicio

El proceso, denominado en Chile acusación constitucional y que en la práctica es un juicio político, fue iniciado la semana pasada por la Cámara de Diputados en una sesión histórica en la que un diputado habló por más de 15 horas para esperar que otro legislador saliera de cuarentena y pudiera llegar a votar.

De esta forma, la oposición logró reunir en la Cámara baja los apoyos mínimos necesarios (78 de un total de 155 diputados) para llevar el "impeachment" al Senado, que actúa como jurado.

La sesión de este martes en la Cámara alta comenzó con la exposición de tres diputados opositores, que dieron a conocer a los senadores el libelo acusatorio y argumentaron que en el proceder de Piñera existió "conflicto de intereses" y "un actuar sin ética" que daña la imagen del país, la democracia y su institucionalidad.

La defensa, que estuvo a cargo del abogado de Piñera, Jorge Gálvez, expuso que en el proyecto Dominga había varios "inversionistas pasivos", entre los que se encontraba la familia del mandatario, y que "ellos no eran los dueños" y "no vendieron nada".

Expuestos los argumentos de ambas partes, los senadores intervinieron y manifestaron su voto.

Quienes hicieron suyas las acusaciones hablaron de elusión, evasión de impuestos y daño a la imagen del país; mientras aquellos que lo hicieron en contra mencionaron la existencia de una animadversión contra la figura de Piñera, las pruebas inconsistentes y condenaron la utilización electoral de esta acusación.

Finalmente, la acusación relativa a la afectación del principio de probidad obtuvo 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención; mientras que en el capítulo relativo al honor de la Nación sumó 22 a favor, 20 en contra y 1 abstención, sin que ninguna de las dos alcanzara el cuórum de 29 votos favorables.

Se trata del juicio político contra un presidente que más ha avanzado en la historia del país y la segunda acusación constitucional contra Piñera, después de que en noviembre de 2019 la Cámara de Diputados rechazara abrir un proceso para su destitución por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social.