La resolución, de respaldo al alcalde Pabel Muñoz, recibió críticas de varios concejales, pues supuestamente es ilegal e inconstitucional.
Cinco días antes que termine el año 2023, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para "apoyar y respaldar" la gestión del alcalde Pabel Muñoz.
La iniciativa fue impulsada por el concejal correísta Adrián Ibarra durante la sesión que reúne al Concejo cada martes.
Según Ibarra, en los siete meses de la actual administración "ha primado el trabajo en la Alcaldía y en el Concejo, alejado de las confrontaciones particulares y mediocridad de ciertos politiqueros".
El funcionario se refiere a la acusación del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas, quien denunció a Muñoz ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una supuesta infracción electoral.
El caso está relacionado con la pasada campaña electoral para las elecciones extraordinarias en las que participaron el presidente electo, Daniel Noboa, y la correísta, Luisa González.
Guarderas asegura que Muñoz apareció en spots electorales en redes sociales junto con la candidata.
"Al ser un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política", señaló.
Tras más de dos horas de debate, y sin la presencia de Muñoz, la resolución fue aprobada con 14 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
Uno de los votos en contra fue el de la concejala Sandra Hidalgo.
Durante su intervención citó al artículo 226 de la Constitucional que dice: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley".
Para Hidalgo, no existe una norma jurídica que respalde la resolución, por lo que puede ser "objeto de análisis de la Contraloría".
En esta línea, el concejal Bernardo Abad, aclaró que no votó favor de la resolución, pues es el TCE el organismo que debe decidir si Muñoz incurrió o no en la infracción electoral.´
Lo mismo sostiene la concejala Analía Ledesma, quien sostiene que "el Concejo no debería emitir ninguna resolución que implique injerencia en la independencia de otras funciones del
Estado".
Agrega que "lo más importante para una sana convivencia democrática es dejar que cada Institución funcione desde su autonomía y en cumplimiento de sus objetivos y competencias legales y constitucionales".
Mientras que la concejala correísta Diana Cruz, aseguró que en los actuales momentos que vive la ciudad "es primordial solidarizarnos con nuestro Alcalde".
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