Los 21 concejales solicitaron información a las entidades municipales sobre los procesos ordinarios, especiales y de emergencia que se han realizado desde noviembre de 2019.
El Concejo Metropolitano de Quito aprobó por unanimidad, el 4 de junio de 2020, una resolución que, básicamente, pide que las denuncias de presuntos actos de corrupción en el municipio sean investigadas.
Primero, el documento solicita a la Fiscalía investigar los presuntos actos de corrupción que han sacudido al Municipio durante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19.
Entre los casos que han salido a la luz están los sobreprecios en la compra de mascarillas por parte de la Secretaría de Salud y de insumos de bioseguridad en la Empresa de Agua Potable (Epmaps).
A esto se suma una transferencia de USD 1,3 millones realizada desde la cuentas de la Epmaps a Estados Unidos y Hong Kong.
Además, los 21 concejales solicitaron a la Contraloría que realice “exámenes especiales de todos los procesos de contratación pública efectuadas por las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito durante la emergencia sanitaria”.
Finalmente, la resolución impulsada por la concejal de Creo, Luz Elena Coloma, pide a todas las entidades adscritas al Municipio que remitan “los expedientes relacionados con todos los procesos ordinarios, especiales y de emergencia que se han efectuado desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 4 de junio de 2020”.
Coloma lamentó que el Municipio se vea inmerso en casos de corrupción, sobre todo funcionarios que llegaron a las empresas públicas con la confianza del alcalde Jorge Yunda.
Otros concejales, como Bernardo Abad y Omar Cevallos, pidieron al alcalde que se aleje de los funcionarios que le hacen daño al Municipio.
Una de las intervenciones más críticas hacia Yunda fue la del concejal Fernando Morales.
El concejal de Concertación le pidió que dé un paso al costado si no está en la capacidad de responder a la ciudadanía y a los intereses de la ciudad.
Yunda se defendió y dijo que no se debe politizar los actos de corrupción y que las entidades de control determinarán si hubo o no actos de corrupción.
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