Contraloría encontró irregularidades en la compra de equipamiento para escuelas y colegios de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos entre 2017 y 2020.
La Contraloría General confirmó la responsabilidad civil de 10 funcionarios que participaron en la compra de equipamiento para las unidades educativas de la Zona 1 del Ministerio de Educación, entre 2017 y 2020.
La Zona 1 agrupa a las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.
En un comunicado de prensa, la Contraloría detalló que la glosa asciende a USD 1,2 millones, pues "corresponde a la diferencia entre la cantidad de bienes adquiridos mediante régimen de emergencia y las cantidades registradas en las actas de distribución de los insumos".
Durante un examen especial, el organismo de control estableció que los directores, analistas, coordinadores y administradores de contratos de la Zona 1 no tomaron medidas para garantizar la conservación, seguridad, manejo y control adecuado de los recursos institucionales.
"La ausencia de un sistema adecuado para la administración del inventario de bienes, controles insuficientes en los procesos de la entrega-recepción de materiales adquiridos por emergencia y la falta de levantamientos físicos dificultaron conocer la cantidad y monto de los recursos disponibles en las bodegas de la entidad", explicó.
Pagos injustificados
La auditoría determinó, además, que los presupuestos referenciales no se establecieron a partir de análisis de las condiciones del mercado y de adquisiciones efectuadas previamente por la misma entidad.
"En consecuencia, los precios de los bienes se incrementaron injustificadamente hasta en un 133%, lo que se tradujo en pagos en exceso de USD 148.930", informó.
Otra irregularidad detectada por la Contraloría tiene que ver con que los informes de viabilidad y términos de referencia de las contrataciones se elaboraron sin información suficiente que justifiquen la cantidad de bienes que requerían las unidades educativas.
"Además, no se consideró el tamaño de la infraestructura, niveles escolares, capacidad física y operativa, la cantidad de estudiantes y de personal docente y administrativo", puntualizó.
Y destacó que tampoco se detalló la cantidad de bienes que se asignarían a cada unidad educativa.
Eso no es todo. La Contraloría constató que no hubo justificativos para la selección de los proveedores. Y, durante la fase de calificación, no se verificó que los oferentes cumplan con la experiencia general establecida en los pliegos del proceso.
Esto provocó que no se garantice la participación de proveedores con la capacidad de entregar los bienes requeridos por el Ministerio de Educación.
Lo último