Ecuador registra 81 femicidos en lo que va de 2020, incluidas 11 menores

Ecuador ha acumulado 81 femicidios en lo que va del 2020, incluidas 11 menores de edad.

Lo que da un promedio de un caso cada 72 horas, según el más reciente informe difundido este sábado por la organización no gubernamental Aldea.

En el 72% de los casos, los asesinos formaban parte del círculo familiar de las víctimas. Y un 56% de los femicidios corresponden a madres que han dejado en la orfandad a al menos 85 niños.

De acuerdo al reporte de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).

Además, del total de casos, tres corresponden a "transfemicidos" o asesinatos a personas transexuales o transgénero bajo violencia machista.

Información compartida en redes

El estudio fue difundido a través de las redes sociales. En él, Aldea advirtió que por el confinamiento muchas mujeres fueron obligadas a convivir con sus agresores.

Ello hizo difícil que las víctimas pudieran acceder a mecanismos adecuados y oportunos de denuncia y protección.

Solo desde el 16 de marzo pasado -cuando se declaró el estado de excepción- hasta el pasado 4 de octubre ocurrieron 62 femicidios.

Además, desde 2014 hasta la actualidad ya son 813 las víctimas de la violencia estructural que afecta a las mujeres en Ecuador.

Algo que ha sido definido por Naciones Unidas como una "pandemia en la sombra".

Y el estudio da más detalles duros.

El 30 % de los femicidios registrados en Ecuador los perpetradores eran hombres que ya tenían antecedentes de violencia.

Y en un 6% de casos las víctimas habían obtenido previamente una boleta de auxilio, un documento judicial de protección estatal.

El pedido de las organizaciones

El informe de Aldea cuenta con el apoyo y colaboración de varios organismos de la sociedad civil.

Entre ellos la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Red de Casas de Acogida, el Taller de Comunicación Mujer y la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos.

Esas organizaciones han hecho también un llamado a las autoridades para que se asignen fondos suficientes a la política pública contra la violencia a mujeres.

Con el fin de que se active de forma adecuada un "sistema de protección integral efectivo y de calidad" en ese ámbito.