La Contraloría detectó que alcaldes y concejales tuvieron un exceso de 31 asesores entre 2017 y 2022. El Municipio también pagó 68.318 por horas extra sin justificación.
La Contraloría General del Estado encontró irregularidades en la contratación de funcionarios del Municipio de Quito, así como en el pago de horas extra entre 2017 y 2022.
La entidad halló que, en ese período, el Municipio destinó más de USD 1 millón para cubrir la contratación de asesores y las horas extra, en exceso.
En un informe de 112 páginas, la entidad de control detalla que el Municipio destinó USD 676.000 para pagar salarios de 13 asesores que los exalcaldes Mauricio Rodas y Jorge Yunda, y del alcalde en funciones, Santiago Guarderas contrataron por fuera de lo que permite la ley.
Además de 18 asesores de 12 concejales y exconcejales, entre quienes también figura Guarderas.
En el documento, la Contraloría dice que los alcaldes solicitaron la contratación de los funcionarios, pero señala que el departamento de Recursos Humanos no analizó las solicitudes, ni consideró que las autoridades de alto nivel jerárquico solo pueden tener hasta ocho asesores.
Además, el ente de control advierte que tampoco hubo un análisis técnico sobre la necesidad de contratar a más funcionarios para las tres alcaldías que fueron parte del examen.
PRIMICIAS intentó comunicarse con los exalcaldes Rodas y Yunda, pero no fue posible.
¿Qué pasa con los concejales?
La contratación de asesores para 12 concejales y exconcejales de Quito también presenta novedades.
Según la Contraloría, en estos procesos no hubo sustento técnico ni estudios de necesidad que justificaran las contrataciones.
"Los analistas asignados y los jefes de la Unidad de Ejecución emitieron informes técnicos favorables, señalando que es procedente extender nombramientos de libre remoción y contratos de servicios ocasionales a los candidatos sugeridos por los ediles, sin analizar, ni considerar que el número de asesores asignados a cada concejal se encontraba cubierto", dice la entidad.
Entre los funcionarios que habrían tenido más de cuatro asesores, como lo permite la ley, aparecen siete que llegaron al Concejo en el período 2014-2019 y otros cinco que son parte de la actual administración.
Uno de ellos es Analía Ledesma. Ella asegura que se trata de un error del departamento de Recursos Humanos, pues no notificó la salida de uno de sus asesores cuando solicitó su reemplazo.
La funcionaria alega que ya ha pedido una reunión con el director de Recursos Humanos para aclarar la situación y para que su nombre salga de la lista publicada por la Contraloría.
Mientras que el exconcejal, y ahora gerente de la Empresa Eléctrica Quito, Eduardo del Pozo, dijo que desconocía el informe.
Explicó que sus funciones en el Concejo se limitaron a legislar y fiscalizar. "La administración es la que hace las contrataciones. Siempre cumplí con el número de asesores que me permite la ley", aclaró.
El director de Recursos Humanos del Municipio, Paúl Castillo, dijo que Guarderas tuvo cinco asesores cuando ejerció como vicealcalde, pues la norma le faculta a tener un asesor más por sus actividades y responsabilidades.
Además, aclaró que uno de los supuestos asesores no fue parte del equipo de trabajo de Guarderas. "Es un error de la Contraloría", dijo.
La Contraloría recomienda al Municipio que, antes de hacer contrataciones, cuente con los
informes técnicos que garanticen que los funcionarios que ingresan a la entidad cumplan con los parámetros establecidos en la ley.
El festín de las horas extra
El informe de Contraloría también revela que el Municipio de Quito destinó más de USD 470.000 para el pago de 68.318 horas extra injustificadas, entre 2017 y 2022.
En el documento se observa que 2018 fue el año con el mayo número de horas extra: 21.759.
Le siguen 2021, con 15.888 horas extras injustificadas y 2022, con 16.893.
Si bien la Contraloría dice que cobrar por las horas extra es un beneficio de los trabajadores, aclara que el número no puede exceder las 60 horas mensuales.
Sin embargo, señala que "los directores metropolitanos de Recursos Humanos aprobaron y dispusieron su pago, sin observar los excesos. Tampoco efectuaron procedimientos de control que permitan verificar el número de horas mensuales permitidas".
A esto se suma que la falta de supervisión y control dieron lugar a que funcionarios recibieran pagos de horas extra correspondientes a meses pasados. Es decir, doble pago.
Entre los funcionarios que recibieron pagos no justificados aparecen asesores de concejales y exconcejales. Aunque la Contraloría no menciona nombres.
En sus recomendaciones, la entidad de control recomienda que las máximas autoridades y jefes inmediatos de las dependencias del Municipio de Quito "elaboren los cronogramas de horas suplementarias y extraordinarias del personal a su cargo, detallando las actividades a realizar".
Además, deben "validar esas tareas considerando los límites de horas extras establecidas en la normativa legal vigente".
El objetivo, dice la Contraloría, es evitar más pérdidas.
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