Una sentencia judicial asegura que el Municipio de Quito vulneró el derecho al trabajo de las trabajadoras sexuales del Centro Histórico y ahora debe crear un plan de regularización de esta actividad.
El 20 de marzo de 2023, el juez de la Unidad Penal de Quitumbe, Ángel Mestanza, emitió una sentencia, de primera instancia, que ordena a las autoridades municipales la “elaboración de un plan integral de regularización de la actividad de las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico”.
En el fallo, el juez también resolvió que el Municipio “determine un lugar adecuado dentro del Distrito Metropolitano de Quito para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad”.
El plan debe tomar en cuenta parámetros de seguridad, higiene y salud.
La decisión del juez se desprende de la acción de protección que interpusieron unas 500 trabajadoras sexuales. Ellas denunciaron que el Municipio de Quito vulneró su derecho al trabajo y no garantizó su derecho a la igualdad y no discriminación.
La Plaza del Teatro es uno de los lugares en los que las trabajadoras sexuales ejercen esta actividad. Primicias
Nelly Hernández, representante de las trabajadoras sexuales, califica como histórica la decisión judicial. “En 20 años, la justicia nunca ha fallado a favor de las trabajadoras sexuales. Siempre hemos sido estigmatizadas, maltratadas y vulneradas”, dice Hernández.
Esta mujer de 47 años recuerda que desde la Alcaldía de Paco Moncayo se han planteado un sinnúmero de planes para reubicar a las trabajadoras sexuales. Ninguno ha tenido éxito.
Hernández dice que, como consecuencia de esos intentos, “nos ha tocado deambular por las calles de la ciudad porque nos han retirado de algunos sitios, como la calle 24 de Mayo”.
Municipio apeló la sentencia
Horas después de que la sentencia se hiciera pública, el Municipio de Quito informó que la apeló, pues asegura que respeta el derecho al trabajo que tiene este sector de la población.
“El inconveniente surge por el mal uso del suelo de los establecimientos que se utilizan para esta actividad. Ya que el trabajo sexual no consta dentro de las actividades económicas autorizadas para esos locales”, agrega la entidad.
Y explica que los operativos de control que realiza no están dirigidos a las trabajadoras sexuales, sino “contra el mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE)”.
En el comunicado, el Municipio recuerda que desde 2021 trabaja en un acuerdo de convivencia con las trabajadoras sexuales, “que es un insumo importante para desarrollar el plan integral”.
Hernández dice que ese acuerdo se rompió luego de que el Municipio insistiera en que deben abandonar el Centro Histórico.
“Los cinco hostales en las que trabajamos tienen cámaras de seguridad y botones de pánico que nos dan tranquilidad. De aquí no nos movemos”, advierte.
Un trabajo difícil
Las calles del Centro Histórico de Quito son el lugar en el que Nelly Hernández ha ejercido el trabajo sexual durante la mitad de su vida.
Prefiere no recordar las razones por las que tuvo que dedicarse a este trabajo. Lo que no olvida, si embargo, es que a lo largo de 27 años ha sido víctima de extorsiones, agresiones y amenazas de clientes, funcionarios públicos y hasta policías.
“He tenido que hacer favores sexuales para que nos dejen trabajar en paz. No solo yo, sino casi todas las personas que nos dedicamos al trabajo sexual”, dice en una conversación con PRIMICIAS.
Hernández dice que la situación de las trabajadoras sexuales ha empeorado con el paso del tiempo, llegando a su punto más crítico durante la pandemia de Covid-19.
“Las trabajadoras sexuales somos cabezas de hogar. Hay quienes pueden cobrar hasta USD 20 por cliente. Pero las chicas de la tercera edad y discapacitadas no cobran más de USD 5″, señala Hernández.
El problema, dice, es que una parte de ese dinero no llega a sus carteras.
USD 2 se destinan al pago del hostal y USD 1 a una caja común que se reparte entre todas las trabajadoras.
A pesar de ese ahorro, los ingresos son insuficientes porque mes a mes estas mujeres deben cubrir los servicios básicos, arriendo, alimentación y los estudios de hijos y nietos.
En el caso de Hernández, debe pagar el arrendamiento de la casa en la que vive con sus padres, sus hijos y una nieta. “Siete personas dependen de mi trabajo. La prioridad es comer y después ver si alcanza para lo demás”, dice.
Las 500 trabajadoras sexuales confían en que la sentencia se ratificará en las próximas instancias judiciales para que puedan trabajar sin riesgos y que sus hijos tengan otro futuro.
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