Según la Fiscalía, entre 2018 y 2023 se registró 52.051 denuncias por violencia sexual. De estas, 29.720 están en indagación previa y solo 2.500 procesos llegaron a sentencia.
La obligatoriedad para que la víctima sea quien impulse sus denuncias de violencia sexual, los largos procesos de investigación y falta de apoyo institucional hace que el 64% de las agredidas desista de llevar adelante los procesos legales hasta lograr una sentencia, según un estudio de la Defensoría del Pueblo.
Esta decisión la toman, según Lorena Chávez, directora nacional del Mecanismo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, porque el sistema no tiene las condiciones para que la víctima continúe con el proceso legal.
"Tenemos un caso reciente de abuso que requirió usar la cámara de 'Gessell' que no tenía buen audio. No se podía escuchar con claridad el testimonio de una adolescente violentada, por ello el caso se desestimó y se favoreció al agresor", cuenta Chávez.
A esto se suma, dice, la falta de presupuesto en la Fiscalía, que tiene un déficit de 634 fiscales. Además, faltan alrededor de 700 defensores públicos a nivel nacional, mejor infraestructura y personal capacitado en protección de derechos de niños y adolescentes.
Chávez cuestiona que las cifras de denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que maneja la Fiscalía difieran de las del Consejo de la Judicatura por la falta de sistemas análogos que puedan cruzar información.
En caso de la Fiscalía, en el periodo de 2018 a 2023 registró 52.051 denuncias, de las cuales 29.720 estaban en indagación previa; solo 2.500 procesos llegaron a sentencia.
Mientras tanto, la Judicatura, informó que en el mismo periodo, 2.097 casos fueron resueltos con sentencia condenatoria. "Cifras que reflejan problemas serios de registros", dice Chávez.
Los niveles de impunidad respecto de las denuncias presentadas, frente a los casos resueltos, representa el 95,85%.
Esto se desprende de un estudio de la Defensoría del Pueblo que realizó en 13 instituciones del Estado, a las que les solicitó información y estadística sobre denuncias recibidas de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.
El pedido se hizo a la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Ministerio del Interior. También a los ministerios que dan protección a la niñez y adolescencia como los de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social (MIES), Derechos Humanos, Deportes y Cultura.
Además, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa (Conalir) y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas instituciones no reportaron casos de violencia sexual.
Atención a víctimas en 13 entidades
Ninguna de estas 13 entidades, entregó información sobre los agresores, excepto el Ministerio de Educación. "Es importante conocer el nivel de educación de los agresores para romper el mito de que solo las personas sin educación son los que agreden a niños y adolescentes", dice Chávez.
Según el estudio, en el caso de la Defensoría Pública, su personal atiende de preferencia a los "perpetradores", antes que a las víctimas de abuso.
"No existen defensores que patrocinen exclusivamente a las víctimas", aunque "la mayoría de ellas no tiene patrocinio legal y por lo que abandonan los procesos", concluye el documento.
De las 52.051 denuncias de violencia sexual presentadas en Fiscalía, solo 14.734 fueron atendidas en el sistema de salud pública.
El Ministerio del Interior entregó datos desde 2021 porque "es el año en el que se crea la Unidad Nacional de Investigación contra la Integridad Sexual". No tiene data de años anteriores.
El mismo estudio señala que tanto el MIES como el Ministerio de la Mujer, carecen de servicios especializados que brinden atención de menores de edad y en horarios que no sean de oficina.
Además, "el Ministerio de Salud tiene un servicio de salud que no responde a las necesidades de la población sin atención comunitaria ni especializada".
Según Lorena Chávez, actualmente la atención de salud mental en las entidades del Ministerio de Salud Pública a escala nacional solo cuenta con 261 psicólogos y cada uno puede brindar 20 minutos de consulta a un paciente cada cuatro meses incluidos quienes hayan tenido algún tipo de agresión sexual.
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