Iván Saquicela, presidente del organismo, requiere de "seguridad reforzada y permanente" a cerca de una decena de jueces de la sala especializada en materia penal.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) insistió en su pedido para que el Gobierno brinde una mayor protección policial a los jueces del alto tribunal que llevan casos difíciles relacionados con corrupción, crimen organizado y terrorismo.
El organismo hizo pública este 7 de agosto de 2023 una carta dirigida por el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, al ministro del Interior, Juan Zapata, hace tres semanas.
En esa misiva, le recordó que esa solicitud ya se había realizado en mayo pasado. En ese entonces, saltaron varios hechos de violencia y amenazas contra agentes fiscales y magistrados judiciales.
Con ese antecedente, Saquicela insistió en que se requiere de "seguridad reforzada y permanente" a cerca de una decena de jueces de la sala especializada en materia penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la CNJ.
Protección policial en instalaciones
El presidente de la Corte destacó en su misiva a Zapata el apoyo que ha recibido de la embajada de Estados Unidos en Quito para elaborar un estudio enfocado en la "Seguridad Documental y de la Información de la Corte Nacional de Justicia".
Dicho estudio ha sugerido varias acciones que incluyen el cambio de iluminación en la zona donde se encuentra la sede de la CNJ.
También, instalar un "sistema apropiado para el cuidado del armamento de la Policía" que presta servicio en la Corte y planificar gestiones para proteger el archivo físico de la institución, que dé prioridad a la prevención contra roedores, entre otros.
El pedido de la CNJ se dio en un momento en que el país intenta superar una oleada de violencia que ya lleva más de dos años con permanentes crímenes, extorsiones, robos y asaltos, entre otros delitos, muchos de ellos atribuidos al narcotráfico y a bandas de delincuentes que buscan el control de territorios.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, incluso, ha llegado a calificar como terroristas a varias acciones violentas atribuidas al crimen organizado, sobre todo matanzas perpetradas por sujetos armados en varias ciudades de la zona costera del país.
Además, las autoridades consideran que la actividad criminal tienen vinculación con bandas internacionales del narcotráfico.
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