Grupos a favor y en contra de la vicepresidenta de Argentina se manifestaron en Buenos Aires, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera su condena. Según argumentó, Fernández es la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática".
La Fiscalía pidió que se condene a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión. Esto, al considerarla la "jefa" de una trama de "corrupción sistemática" en una obra pública que causó un millonario perjuicio al Estado.
"Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio, que se sigue desde mayo de 2019 por la causa Vialidad.
Según el funcionario, Fernández, expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015, fue la "jefa" de una asociación ilícita conformada por funcionarios de "alta jerarquía".
Para ellos, el fiscal también solicitó diversas penas por actuar con "ánimo de lucro y codicia".
Además de pedir la cárcel para Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Adicionalmente, pidió que se decomisen los bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (USD 36,4 millones). Este es el monto en que la Fiscalía cifró el fraude.
Mientras, grupos a favor y en contra de la vicepresidenta argentina se manifestaron en Buenos Aires, luego de conocer el pedido de la Fiscalía.
Los manifestantes se concentraron en las puertas del edificio donde reside la vicepresidenta, en el capitalino barrio de Recoleta.
Este martes, es el turno de la defensa de la vicepresidenta argentina.
El caso que llevó a juicio a Fernández
En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en Santa Cruz.
"Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado", aseveró el fiscal.
Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un "apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado" y un "desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal".
El fiscal cuestionó al presidente argentino, Alberto Fernández, porque en su testimonio dijo que la política pública en materia de contrataciones no puede ser revisada por la Justicia.
A título personal, Alberto Fernández expresó su "más profundo afecto y solidaridad" a la vicepresidenta, quien mantiene abiertas diferencias con el jefe de Estado.
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