El indiscreto encanto de la política
Asamblea Constituyente, ¿peligro latente?
Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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En tiempos de crisis, la idea de una nueva Asamblea Constituyente seduce. Mientras la inseguridad, el desempleo y la desconfianza en las instituciones dominan la conversación nacional, ofrecer un "borrón y cuenta nueva" parece atractivo. Sin embargo, este remedio puede ser peor que la enfermedad.
Varios candidatos presidenciales han planteado la necesidad de una nueva Constitución, argumentando que el modelo actual limita la inversión y el desarrollo económico, dificulta la gobernabilidad y mantiene estructuras de poder ineficientes. Y no les falta razón: el desastroso rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el impresentable sistema de partidos políticos son, entre otros, ejemplos contundentes.
Sin embargo, en las condiciones actuales, aventurarse en un proceso constituyente no garantiza progreso.
Uno de los mayores temores -como coinciden varios analistas- es la parálisis del Estado. Entre las consultas populares para convocar y aprobar el proceso, la elección de asambleístas y las mesas de trabajo con la sociedad civil, la atención y los recursos del Gobierno se enfocarán en garantizar el control de la Asamblea Constituyente para asegurar la continuidad del presidente, relegando las prioridades del país.
Además, lejos de abrir oportunidades para construir consensos, este escenario solo profundizará la polarización y la fragmentación de la sociedad.
Otro riesgo es la impunidad. Los sectores políticos que logren consolidar una mayoría en el pleno podrían aprovechar el proceso para fabricar normas que favorezcan a quienes hoy enfrentan sentencias o procesos judiciales. No sería la primera vez que una reforma constitucional en Ecuador se utiliza como herramienta para evadir responsabilidades penales.
Es innegable que el país necesita con urgencia ajustes constitucionales, pero existen mecanismos menos disruptivos y más efectivos para realizarlos. Las reformas y enmiendas constitucionales permiten cambios puntuales sin necesidad de desmontar por completo el marco legal vigente. Esto permitiría, por ejemplo, revisar el número de funciones del Estado, redefinir el sistema parlamentario o fortalecer la seguridad jurídica para la inversión privada, sin poner en riesgo la estabilidad nacional.
Una nueva Constitución no es una varita mágica que resolverá los problemas del país. La solución real pasa por mejorar la gestión pública, fortalecer la independencia judicial y garantizar un Estado eficiente y transparente. Ecuador no puede darse el lujo de entrar en un laberinto constituyente cuando lo urgente es recuperar la seguridad, la confianza en las instituciones y el crecimiento económico.
Reformemos y corrijamos.