Tribunal niega pedido de prisión preventiva para Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil

Un tribunal de justicia negó este martes, 30 de septiembre de 2025, el cambio de medidas cautelares contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado por presunta comercialización ilegal de combustibles en el denominado caso Triple A.

La solicitud fue presentada por el fiscal Carlos Alarcón, quien argumentaba que Alvarez incumplió con la obligación de presentación periódica, impuesta como medida alternativa a la prisión preventiva.

El tribunal, conformado por los jueces Christian Alex Fierro (ponente), Carlos Patricio Serrano y Gabriela Cossette Lara, consideró que no existían motivos para endurecer las medidas cautelares, por lo que negó el pedido de la Fiscalía, informó la defensa del burgomaestre.

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"Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución.  Seguimos trabajando por Guayaquil que sigue siendo increíblemente independiente. Nada detiene a Guayaquil", reaccionó Alvarez, en su cuenta de la red social X.

La defensa de Alvarez, encabezada por el abogado Ramiro García, aseguró que el incumplimiento fue justificado. Según explicó, el alcalde no acudió a su citación del 1 de septiembre porque viajó a Quito para asistir a una reunión de seguridad por la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Durante la audiencia, García solicitó al tribunal que se levantara la orden de grillete electrónico para Alvarez, argumentando que su defendido mantiene una agenda pública y no representa riesgo de fuga. Recordó además que ha cumplido con otras comparecencias, tanto en Quito como de forma virtual.

El fiscal Alarcón también solicitó revisar las medidas contra el exgerente de una de las empresas implicadas, en el marco de la investigación que sigue a una presunta red de tráfico de combustibles subsidiados en el país, un delito que se sanciona con penas de tres a cinco años de cárcel.

El Caso Triple A involucra a seis empresas y 16 personas naturales, entre ellas al alcalde de Guayaquil. La investigación se centra en el presunto desvío de combustibles subsidiados, lo que habría ocasionado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano, según la Fiscalía.

La investigación arrancó en 2023 tras una denuncia del Gobierno. En julio de 2025, un juez aceptó el llamamiento a juicio tras considerar que existían indicios suficientes para continuar con el proceso penal. La audiencia se dará en enero de 2026.

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