Estos son los cambios que propone ADN sobre los derechos de los presos en su enmienda a la Constitución
El gobierno insiste en retirar la condición de grupo de atención prioritaria a los privados de la libertad. La enmienda sería aprobada en 2027, si supera el filtro de la Corte Constitucional y encuentra suficientes apoyos políticos.
La asambleísta Lucia Pozo junto a parte del bloque de ADN presentó la propuesta de enmienda el 8 de diciembre de 2025.
- Foto
API
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El gobierno de Daniel Noboa cambia de estrategia ante la Corte Constitucional (CC) en la primera modificación que plantea a la Constitución, luego del revés que le significó el triunfo del 'No' en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) propone en la Asamblea "reestructurar" la Carta Política empezado por eliminar del artículo 35 la frase "privados de la libertad", en lo que se refiere a los grupos de atención prioritaria.
La idea no es nueva. El 6 de noviembre de 2024, el presidente Noboa envió una propuesta similar a la CC con la intención de que sea tramitada como una reforma parcial a la Constitución. Un mes más tarde, ocho jueces dijeron que esa no era la vía idónea.
El 8 de diciembre de 2025, la legisladora por ADN, Lucía Pozo, volvió a insistir en el planteamiento, no solo cambiando el artículo 35, sino también modificando tres numerales más, pero esta vez bajo la figura de la enmienda constitucional.
Estos son los cuatro cambios que la bancada de ADN quiere aplicar a la Constitución de Montecristi:
Artículos 35: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
- La Constitución dice: Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado
- La propuesta oficialista es que se mantenga el artículo, pero sea sacado de este la frase "personas privadas de la libertad".
Que se traslade el artículo 51 de la Constitución y se lo ubique luego del artículo 78.
- Con esto, el oficialismo lograría que el artículo 51 -sobre derechos de los privados de la libertad- salga del capítulo tercero sobre "Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria" y vaya al octavo que se refiere a "Derechos de protección", en general.
Cambios en el artículo 78.1
- Una vez creado el numeral 78.1, la propuesta es que en el segundo inciso que dice que tendrán derecho a "la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho" se reemplace por la frase “la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho que ejerzan la defensa técnica del privado de la libertad".
Además, se propone que en el artículo 78.1 se aumente un numeral que diga:
- "8. Las personas privadas de libertad conservan sus derechos inherentes a la dignidad humana, salvo las limitaciones propias de la privación de libertad".
Según Pozo, estos cambios serían prueba suficiente para asegurar que de "ninguna manera" hay regresión de derechos para los presos.
Un camino largo y complejo
La propuesta oficialista llega en momentos en los que la crisis carcelaria se agudiza con motines como el ocurrido en la cárcel de Machala en la que murieron 13 presos por asfixia el domingo 7 de diciembre de 2025.
Además, en esa prisión así como en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil existe un brote de tuberculosis que también deja personas fallecidas. Sus familiares claman por ayuda, pese a que en la Constitución dice que tendrán atención prioritaria.
Pozo dice que esa es una realidad que ha heredado el gobierno del presidente Daniel Noboa y que con las reformas planteadas, más los artículos de la Constitución que protegen a los presos esa situación podrá cambiar.
Con respecto al tratamiento de la enmienda, una vez ingresada deberá ser conocida y calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado totalmente por el gobierno.
La primera 'prueba de fuego' será cuando el documento sea enviado a la Corte Constitucional para que emita un dictamen sobre la propuesta. Si pasa ese filtro, la enmienda regresará a la Asamblea.
En el Legislativo el trámite es extenso. Según la propia Constitución "el proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero".
Es decir, en el mejor de los casos, si todos los actores aplican los tiempos mínimos legales para el tratamiento de la propuesta, esta podría ser votada en la Asamblea en los primeros meses de 2027.
En busca de apoyos
Pero el tiempo no es el único escollo que deberá superar ADN para intentar modificar la Constitución a partir de enmiendas constitucionales.
El proyecto que sea trabajado por una Comisión Ocasional de Enmiendas debe ser aprobado por una mayoría calificada, es decir, por 101 de los 151 asambleístas actuales.
Eso implica que cerca de la mitad de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) debería unirse al oficialismo, algo poco probable en el momento actual, aunque difícil de predecir de aquí a un año.
El 8 de diciembre de 2025, el jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, dijo que revisarán todas las propuestas que vengan desde el oficialismo, aunque calificó el diálogo con la Presidencia de la Asamblea y el Ministerio de Gobierno, como una "mentira" hasta ahora.
"Si benefician al pueblo ecuatoriano, nosotros estaremos a la vanguardia de dicho beneficio"
Juan Andrés González, asambleísta de Revolución Ciudadana
Compartir:
