Correísmo pide que sesiones para tratar el juicio al Consejo de Participación en el CAL sean públicas
El asambleísta de la RC, Luis Fernando Molina, recogió esta vez las firmas de apoyo de forma manual, para enjuiciar en la Asamblea al Consejo de Participación Ciudadana.
Luis Fernando Molina, al momento, de pedir las firmas de respaldo al juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea, Quito, el 27 de enero de 2026.
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Con una nueva causal y nuevo denunciado, la Revolución Ciudadana (RC) volvió a insistir, este 27 de enero de 2026, en el pedido de juicio político contra la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El asambleísta correísta, Luis Fernando Molina, pasó este martes de curul en curul de la bancada correísta buscando las firmas de apoyo de forma manual. Logró recoger 53 respaldos.
Este tercer intento del correísmo ocurre luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió en dos ocasiones las solicitudes de enjuiciamiento, argumentando inconsistencias en las firmas electrónicas de los legisladores.
En primera instancia, el juicio político estaba dirigido contra el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, la vicepresidenta Jazmín Enríquez, y los vocales Johanna Verdesoto, David Rosero y Piedad Cuarán.
Molina los acusa de presuntamente ignorar todas las alertas, impugnaciones y modificar el reglamento que permitió la designación de Mario Godoy como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), y luego ocupar la presidencia del organismo.
En este tercer pedido, presentado el 27 de enero, se incluyó al consejero de Participación Ciudadana, Roberto Gilbert, que fue principalizado desde el 1 de octubre de 2025.
Según Molina, con el voto y actuaciones de Gilbert se aprobó la conformación de la Comisión Técnica que revisó los requisitos de los postulantes y recomendó desechar las impugnaciones, pese a las alertas de que entre los integrantes podría haber personas con conflicto de interés a favor de Godoy.
El pedido de la RC consta en la ley
El correísmo también exigió que todas las sesiones del CAL, que está liderado por Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, sean públicas y transmitidas por las redes sociales.
De hecho, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las sesiones de esta instancia de la Asamblea deben ser públicas, y la reserva será declaradas en situaciones excepcionales.
Pero ni en este u otros periodos legislativos se ha cumplido con la disposición legal, salvo en ocasiones muy puntuales como sucedió el 8 de enero, que el CAL se reunió para avocar conocimiento del juicio político a Mario Godoy.
"El país tiene que saber quiénes están blindando al Consejo de Participación Ciudadana y por qué les blindan: porque necesitan poner fiscal del Estado a dedo".
Luis Fernando Molina, asambleísta de RC.
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