La Asamblea, liderada por el correísmo, manifiesta "preocupación" por el nuevo estado de excepción

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora y liderada por el correísmo, expresó el 12 de abril su preocupación por la decisión del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, de decretar el estado de excepción en siete provincias, dos municipios y en las cárceles de Ecuador, la víspera del balotaje en el que la correísta Luisa González también busca la Presidencia.

"Las medidas impuestas -cierre de fronteras, restricciones al tránsito, levantamiento de la inviolabilidad del domicilio y prohibición de reuniones- generan preocupación en tanto los limites al derecho de reunión, afecten el normal desarrollo del escrutinio y alteren el orden democrático y, por tanto, el desarrollo de un proceso electoral transparente, pacífico y legítimo", señaló en un comunicado.

• Estas son las actividades exentas del toque de queda decretado en 22 cantones de Ecuador, en abril de 2025

Para la Asamblea, con estas medidas el Ejecutivo "pone en entredicho la legitimidad del estado de excepción decretado".

Recordó que la Corte Constitucional señala que toda restricción a derechos fundamentales, incluso en estados de excepción, debe cumplir con los "principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad".

Asimismo, las medidas excepcionales, que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada, "no deben afectar la integridad, la propiedad, ni las garantías fundamentales de las personas", añade.

"Esta Asamblea Nacional ratifica que las elecciones presidenciales deben desarrollarse en un ambiente de paz, civismo y espíritu democrático, sin restricciones indebidas, temores ni aislamiento", reza el comunicado que finaliza con el señalamiento de que permanecerán "atentos y firmes en defensa de la voluntad" del pueblo.

Estado de excepción durará 60 días

El estado de excepción durará 60 días e incluye el toque de queda y la restricción de la movilidad, en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce (provincia del Azuay).

El decreto, que también incluye a los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, contempla medidas como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.