Tribunal niega acción de protección a Verónica Abad contra decretos del presidente Daniel Noboa
La defensa de la vicepresidenta apelará la resolución de un Tribunal que negó "por improcedente" esta acción de protección, ante decretos ejecutivos del presidente Daniel Noboa. "La lucha continúa", dice Verónica Abad.
Verónica Abad en la audiencia del 29 de enero en el Complejo Judicial Norte de Quito.
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El Tribunal de Garantías Penales, con sede en Iñaquito (norte de la capital) negó "por improcedente" la acción de protección que interpuso la vicepresidenta, Verónica Abad, contra tres decretos firmados por el presidente Daniel Noboa.
Los tres jueces anunciaron esta resolución por unanimidad, tras la audiencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, y cuyas deliberaciones tomaron seis horas.
El Tribunal argumentó que "no se ha demostrado ni verificado la persistencia de un posible daño susceptible de reparación", como señalaba Abad, pues "los actos administrativos" impugnados "han cesado", por lo que la acción de protección "pierde eficacia".
Además, los jueces señalaron que "no advierten vulneración de los derechos constitucionales alegados" por Abad, tras los decretos con los que el presidente Daniel Noboa la envió a desempeñar funciones en las Embajadas de Ecuador en Israel y Turquía.
En lo relativo a la aplicación de la figura de la "fuerza mayor" invocada por Noboa para delegar la Presidencia a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, el Tribunal consideró que es una "cuestión que se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa".
Tan pronto escuchó la resolución, la defensa de Abad anunció que apelará esta sentencia, mientras la vicepresidenta señaló en X que "la lucha continúa, para que una mujer que sea electa democráticamente, nunca pueda ser objeto de discriminación o degradación".
Específicamente, Abad se oponía a los decretos 490 , 494 y 500. Con estos documentos, entre otras cosas, el presidente Daniel Noboa encargó la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert y envió a la vicepresidenta Abad a cumplir funciones de orden comercial en Turquía.
La diligencia fue convocada para las 10:30 de este miércoles. Abad llegó cerca de las 10:15 en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de policías y militares.
Los argumentos de Abad
Aunque el abogado de la vicepresidenta Abad, Damián Armijos, empezó cuestionando todos los decretos relacionados con las funciones que se han asignado a la vicepresidenta, incluidos los que se emitieron para enviarla como diplomática a Israel, en diciembre de 2024, se centró en los Decretos Ejecutivos No. 494 y 500 firmados por el presidente Noboa.
Este último habla sobre el encargo de la Vicepresidencia de la República a Cynthia Gellibert.
Armijos aseguró que con los decretos se habrían vulnerado dos derechos: la seguridad jurídica de la vicepresidenta Abad y su dignidad humana al haber ejercido en su contra trato discriminatorio.
Si bien la defensa de Abad no desconoce la potestad del presidente Noboa para darle funciones, cuestionan las que le han sido asignadas. Primero como embajadora en Israel y, con el decreto 494, como consejera económica de la Embajada de Ecuador en Turquía.
Armijos dijo que de esa forma se habría degradado el principio de jerarquía, porque la vicepresidenta, electa en las urnas, habría quedó como subalterna del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el primer caso, y ahora, del Embajador en Turquía.
El abogado señaló que si no se hace nada ahora, quedará un mal precedente sobre las funciones que el presidente puede otorgar al vicepresidente y estas podrían ser, en cualquier momento, de “barrendera de Carondelet”.
El abogado de Abad aseguró que la vicepresidenta quiere y deberá cumplir con la disposición de viajar a Turquía, pero aseguró que no lo ha podido hacer, porque no se le ha permitido recuperar su despacho en la Vicepresidencia y coordinar económica y logísticamente su traslado a ese país
Defensa de Daniel Noboa
Por su parte, Mercedes Mediavilla, abogada asignada por el presidente Noboa, aseguró que todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Abad, son los mismos que ya se expusieron en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia de violencia política que ya fue rechazada, por lo tanto “es cosa juzgada”.
La abogada defendió la potestad del primer mandatario de emitir decretos asignando funciones a la vicepresidenta. Recordó que, según la Constitución, las únicas funciones que ejercerá la segunda mandataria son precisamente las que le entregue quien ejerce el poder.
Además, señaló que los decretos impugnados en esta acción de protección o fueron ya derogados o ya no están vigentes, porque cumplieron con su objetivo en el momento determinado, por lo que ya no tendría sentido su discusión.
Mediavilla rechazó el argumento de que Abad ha sido denigrada con sus designaciones. “No sabía qué barrer, ser nombrado embajador o consejero económico era denigrar”, señaló la abogada que, más bien, consideró que el Gobierno le ha entregado altas funciones, pese a que la ley no lo obliga.
Sobre la acusación de que se estaría limitando sus derechos políticos o transgrediendo su libertad de pensamiento y actuación, Mediavilla recordó que Abad no está impedida de elegir y ser elegida. Además, que tendría la libertad se acudir a medios de comunicación nacionales e internacionales para explicar su situación y hablar del país.
La abogada de Noboa dijo que Abad estaría queriendo judicializar la política, que busca sacar ventaja de su propio dolo. Prueba de aquello sería que acudió personalmente a la audiencia de la acción de protección cuando existe un decreto que la envía a Turquía y que está incumpliendo.
Al respecto, aseguró que la Vicepresidencia, a cargo de Cynthia Gellibert, ya compró los pasajes para su traslado y que al no haberlos usado, podría generar consecuencias civiles y penales, porque no se los ha usado, pese a que en ellos hubo un gasto de recursos públicos.
Réplicas
Armijos dijo que es ilegal haber encargado la vicepresidencia a Gellibert argumentando que se habría configurado la causal de ausencia temporal de Abad, por no haber viajado a Turquía y, en su lugar, haberse acogido a vacaciones.
Además, aseguró que la sentencia del TCE en la denuncia por violencia política se encuentra apelada, por lo tanto no es correcto hablar de "cosa juzgada" y que los argumentos son distintos a los planteados en la acción de protección.
La defensa de Abad pretende que el Tribunal que lleva el caso disponga al presidente Noboa la derogatoria de todos los artículos referentes a los encargos de funciones y de reemplazo de Abad.
También, que se emitan otros decretos entregándole nuevas funciones acorde a sus investidura de vicepresidenta y apegas a lo que dice la Constitución.
En tanto que Mediavilla advirtió a los jueces que la vicepresidenta Abad les podría hacer caer en una ilegalidad si se pronuncian sobre un tema político que debería ser tratado en el Tribunal Contencioso Electoral y no en el ámbito judicial.
La defensa del presidente Noboa pidió a la jueza Karen Matamoros que declare el "abuso del derecho" por parte de Abad y sus abogados, porque, a su criterio, llevo este caso ante la justicia, cuando ya habría sido rechazado en otras instancias.
Abad toma la palabra
Para finalizar la audiencia, la jueza otorgó la palabra a Abad que dijo haber soportado, junto a su familia, un años de hostigamiento desde el Gobierno. Aseguró que la violencia que se habría ejercido en su contra marcará un precedente nefasto para otras mujeres que quieran incursionar en política, si no se acepta su acción de protección.
Abad rechazó que se pretenda decir que las funciones que le han otorgado han sido de relevancia o que sea un "lujo ser embajadora en una guerra, fui enviada a una guerra junto con mis hijos".
Aseguró que pese a lo abrupto de su envío a Israel, no se negó y que ahora tampoco se niega a cumplir el decreto que le envía a Turquía, pero exigiendo que se respeten sus derechos como señala la Constitución.
Aseguró que Gellibert, así como el actual secretario de la Vicepresidencia, estarían usurpando el cargo y que tanto ellos, como la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, están cometiendo desacato.
Luego de esa intervención, la jueza Matamoros anunció que el Tribunal se retiraba a deliberar y pidió a las partes que no se retiren, por lo que se prevé que exista una decisión este mismo 29 de enero.
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