Caso Ligados: Consejo de Participación presentará acusación particular por presunta asociación ilícita

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió este lunes, 24 de marzo de 2025, presentar una acusación particular en el proceso penal abierto por la Fiscalía General del Estado en el caso Ligados.

En este caso son procesados Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, exconsejeros de la denominada 'Liga Azul' del Cpccs y la consejera actualmente en funciones, Nicole Bonifaz, quienes son acusados de supuesta asociación ilícita para designar autoridades de control.

La Resolución del Pleno "se tomó por la trascendencia y naturaleza de la acción, respecto a la afectación institucional al Consejo; (y) fue aprobada por los consejeros Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto, Gonzalo Albán y el presidente Andrés Fantoni Baldeón", informó el organismo en un comunicado.

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El informe jurídico conocido por el Pleno detalló que los elementos de convicción presentados por el Fiscal General del Estado (s), que motivaron la formulación de cargos, generan la presunción de una afectación a la composición del Pleno del CPCCS, para la designación de autoridades, extrapolando el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.

El presidente Fantoni dijo que en la audiencia de formulación de cargos hubo un reconocimiento implícito al CPCCS como víctima de estos hechos y el posible daño institucional. 

Por esta razón –agregó- la presentación de la acusación particular es necesaria para “defender la legalidad de las actuaciones del Consejo y su potestad de designar autoridades de forma transparente conforme la Constitución”.

El expediente 

La decisión del Pleno se dio como consecuencia del proceso abierto por la Fiscalía General contra los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz.

Esta causa se inició luego de que el 22 de enero de 2025 intentaran desconocer a Roberto Romero von Buchwald como Superintendente de Bancos, pese a que ya había sido designado como titular de esa institución el 4 de diciembre de 2024.

Tras esa resolución tomada por los tres exconsejeros y la consejera, Romero von Buchwald presentó una denuncia en la Fiscalía General por presuntos delitos de arrogación de funciones e incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

Dentro del proceso de investigación se produjo un allanamiento en las instalaciones del CPCCS, el 24 de enero de 2025, cuando se registró la retención de dispositivos electrónicos, cuyo contenido desmaterializado ha sido publicado por la Fiscalía General.

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