Caso Triple A: Vinculación de Aquiles Álvarez se posterga debido a una complicación médica de su nuevo abogado

Para las 10:00 del 5 de marzo de 2025, en el Complejo Judicial del Norte de Quito, estaba prevista la audiencia de vinculación de Aquiles Álvarez y nueve personas más al caso Triple A. Sin embargo, la diligencia se difirió.

Dos días antes de la audiencia, el 3 de marzo, Emilio Santacruz renunció a la defensa del Alcalde de Guayaquil. El jurista alertó que recibió amenazas contra su vida. 

Por esta razón, el 4 de marzo de 2025, Álvarez ingresó un escrito nombrando a Geovanny Vásquez Barros como su nuevo abogado. Pero, a las 08:31 del 5 de marzo (a una hora y 29 minutos de la audiencia), el Alcalde solicitó el diferimiento de la diligencia.

Aquiles Álvarez presentó un certificado médico privado en el que se indicó que Vásquez Barros, su nuevo abogado defensor, presentó durante la madrugada "un cuadro clínico de hemorroides con complicaciones especificadas trombectomía". Por lo que pidió fijar una nueva fecha.

Asimismo, María Criollo, otra de las personas que será procesada en el caso Triple A, también presentó un escrito solicitando un diferimiento. 

Ante esta situación, Jairo García, juez de la Unidad Anticorrupción, resolvió el diferimiento de la audiencia, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de los procesados. Sin embargo, advirtió que este será el único diferimiento que se acepte en este caso y que para la nueva convocatoria deberá comparecer la Defensoría Pública. 

La diligencia fue convocada para el viernes 14 de marzo de 2025, a partir de las 07:45. Y si no termina en esa jornada, la diligencia se reinstalará el domingo 16 de marzo, desde las 08:00. En esta ocasión, la audiencia será presencial.

El caso Triple A

El caso Triple A empezó con una denuncia de Nicole Bermúdez, coordinadora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC), en Guayas, en julio de 2024.

La funcionaria señaló posibles diferencias en el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado por varias estaciones de servicio. Esto se habría evidenciado en un informe del SRI de junio de 2024.

Con base en esa denuncia, la Fiscalía investigó y recabó indicios que apuntan a la existencia de una relación comercial por la venta de diésel entre varias empresas con otras distribuidoras de combustible. La mayoría de estas estaciones se encuentra en zonas fronterizas y con alta actividad minera.  

Por esta razón, inicialmente, cinco personas y cinco empresas fueron procesadas por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas.

Y, en el transcurso de la investigación, el Ministerio Público encontró indicios para vincular a esta investigación a 10 personas más, incluyendo a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.