Desde 2019, el actual CNE ha dirigido 14 procesos electorales nacionales, sin que haya una renovación

Desde 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dirigido tres elecciones generales, dos seccionales, dos elecciones del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), tres referendos y cuatro consultas nacionales. Ahora, con un nuevo periodo electoral en curso, los consejeros preparan otra elección de autoridades locales y otra del CPCCS, para febrero de 2027.

Estos 14 procesos, que llegarán a 16, suman una cantidad inédita, debido a que las autoridades electorales deben ocupar sus cargos por periodos de apenas seis años, lo que les permite participar en la organización de tres votaciones nacionales, puesto que Ecuador debería acudir a las urnas una sola vez cada dos años.

Sin embargo, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que caracterizan al país han permitido que cada gobierno haga reformas legales y convoque a referendos y consultas nacionales a gusto y medida. A la vez, los pulsos políticos por el fracasado CPCCS, lo pusieron sobre la tarima electoral, ya que desde 2019 se escogen sus vocales en las urnas, y han impedido que los concursos para renovar a las autoridades de control avancen con normalidad.

Este cóctel de ajustes estatales y revanchas políticas ha permitido que los 'nuevos' consejeros y jueces electorales, posesionados en noviembre de 2018 y en abril de 2019, permanezcan en funciones más de seis años después y no haya a la vista posibilidades de reemplazarlos.

El primer concurso de renovación parcial del CNE debía haberse ejecutado en 2021, para permitir el reemplazo de tres de sus vocales y el segundo debía llegar en noviembre de 2024, para renovar a otros dos consejeros. El mismo proceso debía llevarse a cabo con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en 2022 y 2025. Nada de eso ha sucedido. 

Solo integrar la comisión ciudadana de selección, para renovar al CNE, le ha tomado tres años al Consejo de Participación. El concurso también ha sido frenado en varias ocasiones, sea por las crisis internas del CPCCS o por acciones judiciales, y le quedan por delante todavía las fases de méritos, oposición y escrutinio.

Mientras tanto los procesos electorales, las polémicas y los cuestionamientos sobre el CNE y el TCE en funciones siguen acumulándose. A la par se suman también las dudas sobre si la renovación debe proseguir en medio de este nuevo periodo electoral, que arrancó el 14 de febrero.

Por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), criticó que con esa declaratoria los consejeros y jueces electorales se prorroguen un año y medio adicional en funciones. Y denunció que eso genera desconfianza sobre el sistema electoral, además de las supuestas señales que anunciarían una próxima descalificación del correísmo, para que quede fuera de las seccionales. 

Algo similar esgrimió el debilitado Partido Socialista, en redes sociales llamó a la renuncia de todas las autoridades electorales, acusándolos de ilegitimidad por haber superado sus periodos legales y por hacer un uso discrecional de las normas electorales.

Además, ambas organizaciones impulsan la idea de una reunión interpartidista, en la que se habrían tratado temas de preocupación general. Entre ellos el estado de la democracia y la participación electoral y la desconfianza en el CNE y el TCE.

Sin embargo, PRIMICIAS se contactó con otras tres organizaciones que participaron en dicho diálogo, convocado por motivos académicos por una ONG europea, en la que los planteamientos posteriores de la Revolución Ciudadana no fueron aceptados por la mayoría de presentes.

Por ejemplo, Javier Orti, presidente nacional de Avanza, afirmó que su agrupación tiene todos sus deberes y obligaciones en orden y al día, por lo que no les preocupa su participación en las seccionales de febrero de 2027. Aunque aceptó que sí ha habido ambigüedades en las actuaciones del CNE y el TCE.

Otra agrupación que no comparte las tesis y temores del correísmo es SUMA. Su presidente provincial de Pichincha, Daniel Jácome, dijo que el partido se limita a ser respetuoso de los procesos y el sistema democrático, por lo que aceptan que las autoridades electorales permanezcan legalmente prorrogadas hasta ser reemplazadas, como lo ha respaldado la Procuraduría en tres ocasiones (2017, 2021, 2024).

Según la entidad, las autoridades deberán permanecer en sus puestos, cuando el cargo de suplente se encuentre vacante y mientras los procesos de designación de sus reemplazos no hubieren concluido, con el fin de garantizar la continuidad de sus funciones.

Pero, a la vez, a esto se suma otro pronunciamiento de la misma Procuraduría, de marzo de 2024, que explica que los periodos electorales no constituyen un impedimento para el desarrollo de los concursos de renovación al CNE y el TCE, por lo que no configuran ni una intervención ni una interferencia en la Función Electoral.

Por lo tanto, la trayectoria de los concursos es legal y un eventual reemplazo de tres vocales o jueces electorales, en medio del periodo electoral en curso, no implicaría un problema legal ni debería provocar una interferencia logística. Y en algo en lo que sí hay coincidencia entre varias organizaciones políticas es que el fracaso y la falta de voluntad para finiquitar la renovación recae sobre el CPCCS.