Contraloría examina la entrega de permisos de operación a empresas distribuidoras de combustibles

La Contraloría General del Estado lleva adelante un examen especial al procesos de autorización y operación de nuevos centros de distribución de derivados de petróleo, entre los que está PetroNoboa, empresa de un hermano del presidente, Daniel Noboa.

La Comisión de Justicia de la Asamblea arrancó este 10 de marzo su propio proceso de fiscalización. El correísmo indaga si se habrían cometido delitos en torno a la conformación de la empresa: presunto tráfico de combustible, enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación tributaria. 

A la sesión de este lunes fueron convocados, entre otros, la ministra de Energía, Inés Manzano; el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco; José Neira, secretario de Integridad Pública; y Guillermo Vinueza, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (Arch).

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Ninguno acudió a la comisión liderada por el correísmo. Indicaron que este proceso de fiscalización ya empezó en la Comisión de Seguridad (dominada por la bancada ADN), y que a esta comisión ya se ha entregado la información.

Pero este lunes, sí asistieron dos delegados de la Contraloría del General del Estado. La subcontralor de auditoría, Gabriela Sulca, informó que ya existe un examen en curso que analiza la obtención de los permisos de operación y el volumen de ventas de las nuevas distribuidoras. 

Este abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024 y empezó incluso antes de la denuncia contra PetroNoboa, que hizo el excandidato a la Presidencia, Pedro Granja.

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Fernando Cedeño, presidente de la comisión, dijo que esta empresa se creó en diciembre de 2023, por lo tanto, entra dentro del examen que desarrolla la Contraloría. 

Pero Cedeño pidió que se haga un alcance y se analice, al menos, hasta diciembre de 2024.

Los técnicos del ente de control explicaron que sí era posible incluir los puntos específicos solicitados por la mesa legislativa, aunque no descartaron que sea necesario un nuevo proceso para analizar el caso puntual.