Asamblea convertida en un ring: ADN y el correísmo se disputan 'golpe a golpe' la segunda vuelta electoral

A menos de dos semanas de las elecciones de segunda vuelta electoral, la Asamblea Nacional también se ha convirtió en el 'cuadrilátero' de la disputa política entre Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN).

El arma de los legisladores es la fiscalización a todo lo que tenga que ver con el correísmo desde el lado de ADN y viceversa. En la mitad han quedado las bancadas que no disputan nada directamente en el balotaje.

Este 1 de abril, el primer golpe lo lanzó ADN anunciado que investigará cuánto gastó la Asamblea, a la cabeza Viviana Veloz, de RC, en la sesión del Pleno del 26 de marzo pasado que se desarrolló en Esmeraldas como una muestra de solidaridad.

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Ya lo había anunciado el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que los asambleístas se pasaron "farreando" durante esa visita y después la jefa de la bancada, Valentina Centeno, lo ratificó.

Pero las denuncias de ADN no se limitan al ámbito legislativo y alcanzan a otras instituciones en donde el correísmo tiene presencia.

La asambleísta Inés Alarcón anunció que interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) al cobro de peajes que hace la prefectura de Pichincha, a cargo de Paola Pabón, en las vías que van a los valles de Quito.

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En tanto que, Ferdinan Álvarez, excorreísta, anunció que ya está recabando información para acusar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de presunto peculado. 

Aseguró que se están usando recursos del Municipio en la campaña de Luisa González.

Reacción correísta

Desde el mismo lugar asignado para las ruedas de prensa de los asambleístas, la bancada de la Revolución Ciudadana hizo públicos, este 1 de abril, los dos pedidos de información sobre la visita de Daniel Noboa a Estados Unidos y su encuentro con el presidente Donald Trump. 

La solicitudes fueron hechas por el legislador Héctor Balladares, previo al inicio de un proceso de fiscalización más amplio. Balladares quiere saber:

• Con qué funcionarios estadounidenses se reunieron y las temáticas tratadas con la comitiva ecuatoriana.
• Copia certificada de los acuerdo alcanzados.
• El detalle y los plazos de implementación de los compromisos logrados. 
• Alcance de los acuerdo en materia migratoria.
• Los costos en los que incurrió el Estado ecuatoriano para el viaje.
• Cuánto pagó Ecuador en un lobby para lograr acercamientos con la administración Trump.

Un día antes, el 31 de marzo la Comisión de Fiscalización, liderada por la asambleísta correísta, Pamela Aguirre, anunció que pedirán el inicio de un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano.

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'Daño colateral'

En esta disputa también fue mencionado el Partido Social Cristiano (PSC) a quien Centeno acusó de votar en contra del continuar con el juicio político a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la actual consejera, Nicole Bonifaz.

Ellos son investigados por la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Ligados, que se basan en los chats encontrados supuestamente en el teléfono de Verduga, quien habría usado en alías de Mónica Erlt.

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Jorge Acaiturri, del PSC y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó haber votado en contra de continuar el juicio político.

El legislador socialcristiano reconoció que RC y ADN lo que están haciendo es "devolver un golpe con otro" en la Asamblea y que ambas fuerzas están usando la fiscalización que tienen como competencia como herramienta política.

Cree que la Función Legislativa no debería prestarse para la campaña, ni para perseguir políticamente al adversario político.