La Fiscalía General aclara que no es parte de la denuncia de las hijas de Villavicencio por filtración de chats

La filtración de los supuestos chats del teléfono de Fernando Villavicencio llega al ámbito judicial. El 13 de noviembre de 2024, las hijas del excandidato presidencial denunciaron a seis personas por presunta violación a la intimidad.

Según el sistema de la Fiscalía, la entidad es denunciante -junto a las hijas de Villavicencio- por la supuesta violación a la intimidad. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró a PRIMICIAS que no es parte de esta denuncia y que fue un error de digitación.

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del político asesinado en agosto de 2023, apuntan a Priscila Schettini, candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana; y a Angélica Porras, postulante a jueza de la Corte Constitucional (CC), impulsada por la Asamblea Nacional.

El 6 de noviembre de 2024, Schettini y Porras aparecieron en un video en redes sociales hablando de los chats presuntamente encontrados en el teléfono de Villavicencio. Las activistas acompañaron la publicación de un enlace público donde costaban las casi 9.000 conversaciones. 

Ese enlace estuvo abierto durante dos días. Ahora, para poder acceder a los mensajes, el sistema pide al usuario identificarse.

Además, las hermanas Villavicencio denunciaron a cuatro miembros del equipo de La Posta, medio digital que también filtró y publicó parte de los supuestos chats de Villavicencio en varias transmisiones en sus redes sociales.

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Se trata de Mónica Velásquez, Doménica Vivanco, Luis Vivanco y Andersson Boscán. Esta plataforma digital publicó extractos de las supuestas conversaciones de Villavicencio con funcionarios públicos, actores políticos y periodistas.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de violación a la intimidad se configura cuando una persona, sin tener el consentimiento o autorización legal de otra, acceda, reproduzca, difunda o publique sus datos personales, mensajes de datos, audio y video. Este crimen conlleva una pena de uno a tres años de cárcel.

Gran parte de la polémica alrededor de la filtración de estos chats se ha dado por las supuestas conversaciones entre la fiscal Diana Salazar y Villavicencio. Pero, la Fiscalía acusó una supuesta falsedad de estas conversaciones.