Jueces del TCE denuncian posible conflicto de intereses en acción de protección del expresidente

Un nuevo capítulo de la pugna en el interior del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se abrió este 14 de agosto de 2024, dos días después de que una mayoría de tres jueces del organismo removiera a su presidente.

La polémica comenzó un día antes, cuando el removido presidente Fernando Muñoz presentó una acción de protección. Esta fue sorteada y recayó en un Tribunal de Garantías Penales de Quito, conformado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Mario Muñoz Bayas y Clara Soria Carpio.

La denuncia presentada por Muñoz apunta a los jueces electorales Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, quienes votaron por su remoción del cargo de presidente, por un supuesto mal manejo administrativo en el TCE.

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Ahora, Coloma, Torres y Ortega denunciaron que la jueza Clara Soria, integrante del tribunal que conocerá la acción de protección, es "pareja sentimental" de Asdrúbal Granizo, asesor de Muñoz "y quien ha intervenido en todas la actuaciones del expresidente del TCE".

Por ello, demandaron al Consejo de la Judicatura que "adopte las medidas pertinentes" para que la jueza Soria sea separada de dicho tribunal y se garantice que la acción de protección sea analizada por un órgano imparcial. También pidieron a la Judicatura que investigue el sorteo.

La acción de protección aún no ha sido admitida a trámite, y los jueces no han resuelto todavía sobre la petición de medidas cautelares que hizo Muñoz. Específicamente, el expresidente pide que Coloma, nombrada en su reemplazo, se abstenga de emitir disposiciones en calidad de presidenta.