Asamblea: Juicio político a Mónica Palencia desata una 'guerra' de varios frentes entre correístas y oficialistas
La bancada del Gobierno advierte que no avalará ninguna sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se pretenda escuchar al exministro del Interior, José Serrano.
La ministra Mónica Palencia, estuvo de la Comisión de Fiscalización el 30 de septiembre de 2024 para la práctica de prueba en su juicio político.
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Redacción Primicias
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Oficialistas y correístas iniciaron el 1 de octubre de 2024 una especie de 'guerra de comunicados' para defender sus posturas en el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.
La bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), acusó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, de querer introducir en la fase de práctica de la prueba, testimonios que no fueron anunciados con anticipación.
Específicamente, del exministro del Interior del correísmo, José Serrano; de César Navas, exministro del Interior de Lenín Moreno; y del abogado constitucionalista, Stalin Raza.
ADN, que junto a sus aliados mantiene una intermitente mayoría en la comisión, calificó como "fraude a la ley" los intentos de Aguirre de dar la palabra, especialmente a Serrano, que vive en Estados Unidos.
"No cederemos ante quienes pretenden corromper la justicia en favor de sus intereses particulares"
Bancada ADN
El oficialismo advierte que no avalará ninguna intención de violentar el trámite de juicio político, incorporando pruebas que no se haya dado a conocer previamente a la ministra para que ejerza su defensa.
En la accidentada sesión de la comisión del 30 de septiembre de 2024, en la que se iba a practicar la prueba contra Palencia, los cinco asambleístas del oficialismo y sus aliados se ausentaron cuando se le iba a dar la palabra a Serrano y dejaron sin quorum la sesión.
Posición correísta
La respuesta de Revolución Ciudadana (RC) no se hizo esperar. Asegura que si bien el testimonio de Serrano, solicitado por el interpelante, Leonardo Berrezueta, no se anunció cuando se hizo el pedido de juicio, ingresó luego, dentro de los plazos legales.
Aeguran que esta es una práctica establecida en la ley y, por lo tanto, común. Citan como ejemplo que durante el juicio político que impulsó la oficialista Nicole Saca contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, se incorporaron 18 pruebas dentro de ese plazo que da la norma.
Algo similar, dice el correísmo, sucedió con el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal, cuyo interpelante fue el asambleísta de ADN, Eckenner Recalde.
"Esta torpe maniobra tiene un objetivo claro: encubrir los supuestos vínculos entre el narcotráfico y la Policía Nacional bajo el actual Gobierno, pero, sobre todo, encubrir que la ministra conocía esos hechos, pero hizo caso omiso"
Bancada de la Revolución Ciudadana
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