Denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa por violencia política tendrá nuevo juez en el TCE
Diana Jácome, asesora del presidente Daniel Noboa, recusó al juez que llevaba la causa y el pleno del TCE le dio la razón.
La vicepresidenta Verónica Abad durante una ceremonia en honor a Shimon Peres, expresidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, el pasado 4 de septiembre de 2024.
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El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, dejó de conocer la denuncia que, por supuesta violencia política, planteó la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionario del Gobierno.
Este 13 de septiembre, el pleno del TCE, con cinco votos a favor, resolvió aceptar la recusación que interpuso la asesora de la Presidencia, Diana Jácome, que también es parte del proceso, junto a la canciller, Gabriela Sommerfeld y el viceministro Esteban Torres.
El proyecto de resolución fue presentado por el juez del TCE, Joaquín Viteri, y contó con el apoyo de Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri, y Ángel Torres.
Ahora el TCE deberá sortear otro juez para que sustancie la causa electoral que es impulsada por Abad contra el presidente Daniel Noboa y sus funcionarios de su Gobierno.
La recusación suspendió, desde el 28 de agosto de 2024, los plazos y términos para la tramitación de la causa, que se retomará una vez que exista un nuevo juez ponente.
El 8 de agosto, la vicepresidenta denunció una supuesta infracción electoral grave. Abad, que fue enviada en diciembre de 2023 a Israel como embajadora, acusa a la Canciller de negarle un permiso de cinco días para resolver algunos asuntos familiares y de salud.
Además, entre otras cosas, cuestiona las intenciones del Ejecutivo de querer impedirle asumir funciones presidenciales, cuando Noboa deba pedir licencia para hacer campaña por la reelección
En su escrito, la vicepresidenta Abad pide que se aplique una multa de 70 salarios básicos unificados a los denunciados (USD 32.200). Y, en el caso de presidente Noboa, la destitución y pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.
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