Jueza del TCE rechaza denuncia de Diana Jácome contra Verónica Abad, pero va contra sus abogados

La jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, negó este viernes, 14 de marzo de 2025, la denuncia por presunta violencia política de género impulsada por la exasesora presidencial, Diana Jácome, en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad.

"Una vez realizado el análisis correspondiente, esta juzgadora determina que los hechos imputados a la denunciada no se encuadran en la infracción señalada conforme a los parámetros legales aplicables, por lo que niega la denuncia", señala la sentencia.

En agosto 2024, Jácome denunció a Abad, después de que la vicepresidenta la denunciara ante el TCE junto a otros funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Daniel Noboa, con quien la mandataria se mantiene enfrentada. A juicio de la exasesora, esto fue "con el propósito deliberado de intimidarla y menoscabar sus derechos".

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Aunque la jueza Coloma negó la demanda de Jácome, dispuso a la Judicatura que "evalúe la conducta procesal" de los abogados de Abad, "a fin de determinar si han incurrido en faltas al ejercicio profesional o en acciones contrarias a los principios de lealtad procesal y buena fe".

La jueza señala que, a pesar de que consta en autos que los abogados tuvieron conocimiento del proceso con meses de anticipación,  formularon una solicitud de nulidad  (respecto a las notificaciones por esta causa), "lo que podría configurar en una falta en el ejercicio de la profesión o una conducta de deslealtad procesal".

"Tal actuación podría interpretarse como una estrategia dilatoria incompatible con los principios de buena fe y lealtad procesal que deben regir en todo procedimiento contencioso electoral", indica. Asimismo, requirió sanciones para un perito que no colaboró en este proceso.

También pide que la Contraloría determine si los recursos públicos asignados a la residencia diplomática de la vicepresidenta Abad en Ankara, Turquía, "han sido utilizados conforme a los principios de legalidad y eficiencia en la administración de bienes y fondos públicos".

La resolución de la jueza, que puede ser apelada, llega dos semanas después de que otro juez del TCE sancionó a Abad con una multa y la suspensión de sus derechos políticos por dos años por una denuncia de violencia política de género contra la canciller, Gabriela Sommerfeld.

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