Traslado de Verónica Abad a Turquía retrasa el trámite de la denuncia de violencia política en su contra

La audiencia oral única de prueba y alegatos dentro la denuncia planteada por la asesora presidencial, Diana Jácome, en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad, por supuesta violencia política, quedó suspendida indefinidamente.

La diligencia estaba prevista para el 30 de septiembre, pero la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, emitió un auto, el 19 de septiembre, aplazándola. 

"Oportunamente se notificará la fecha para su realización", dice el documento. 

Dos son los motivos que llevaron a la jueza electoral a tomar esta decisión. El primero se relaciona con la búsqueda de expertos académicos en violencia política de género o materias afines para que actúen como peritos.

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El TCE acudió a Consejo de Educación Superior (CES) para que emita una lista de universidades que aborden esta temática. El listado fue entregado y se abrió un proceso de postulación para los interesados.

Cambio de domicilio

Pero el factor más importante para la suspensión es el cambio de domicilio de la vicepresidente Abad que el 9 de septiembre pasado abandonó Israel y se estableció en Turquía.

El 16 de septiembre, Coloma solicitó a la denunciante que determine con precisión el lugar en el que se debe citar a la supuesta infractora, en este caso, Verónica Abad.

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Al día siguiente, Jácome dio una nueva dirección de citación y entregó la dirección de un hotel ubicado en Ankara, capital de Turquía, como lugar de residencia de la vicepresidenta Abad.

Para que se cumpla la citación, Coloma, quien presidenta del TCE, remitirá un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que proceda con la solicitud de citación por "exhorto en el extranjero de persona ecuatoriana".

Pretensión de Jácome

La asesora Diana Jácome presentó su denuncia el 15 de agosto, en parte, como respuesta a las denuncias presentadas por Abad en su contra y contra otros funcionarios, entre ellos, el presidente Daniel Noboa.

“Yo espero, confío en la justicia electoral, de que acepte las pretensiones que he puesto en esta denuncia: destitución y suspensión de los derechos políticos, y la sanción económica que corresponda a la señora Abad”, dijo el 9 de septiembre la funcionaria.