Un agente de control destituido y otro multado por golpear a joven afroecuatoriano en Quito
Casi ocho meses después de que un joven afroecuatoriano fue pateado en la cara, llegaron las sanciones para dos agentes metropolitanos.
Imagen referencial de agentes municipales en un operativo de control en Quito, el 8 de noviembre de 2024.
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Autor:
Redacción Primicias
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Un funcionario del Cuerpo de Agentes de Control fue destituido y otro recibió una multa por haber golpeado a un joven afroecuatoriano durante un operativo en los exteriores de la Universidad Central, informó la Defensoría del Pueblo este lunes, 11 de noviembre de 2024.
En el primer caso, las investigaciones concluyeron "que, efectivamente, el servidor incurrió en una falta administrativa muy grave, mientras que el segundo funcionario se le aplicó una sanción pecuniaria, que corresponde a la sanción mayor del 8% de su remuneración mensual, por cuanto se dedujo que el servidor incurrió en la falta administrativa grave".
Para ello, se aplicó lo previsto en el Código Orgánico de las Entidades de la Seguridad Ciudadana y Orden Público, en caso de "desobedecer órdenes legítimas verbales o escritas o inobservar el procedimiento establecido, cuando ello afecte al servicio o al orden institucional”.
Además, se informó que en el espacio 'Comunicados' de la página web del Cuerpo de Agentes de Control se ofrecieron disculpas públicas al joven afectado y su familia, y la entidad recordó su deber de respetar los derechos de las personas.
La entidad también realizó un proceso de capacitación a sus funcionarios, en temas de derechos humanos y derechos colectivos, con énfasis en perfilamiento racial.
Los hechos se remontan al viernes 15 de marzo de 2024, cuando el joven afroecuatoriano Carlos Méndez Criban denunció que fue víctima de un acto discriminatorio, durante un operativo por las inmediaciones de la Universidad Central, en el sector de Santa Clara, en Quito. Fue golpeado hasta en su cara por los uniformados.
El hecho, que quedó registrado en video, fue denunciado en redes sociales y provocó el rechazo ciudadano. Incluso, el alcalde Pabel Muñoz calificó a este hecho como "bochornoso, reprochable y condenable".
En su momento, Muñoz dijo que el accionar de los agentes puede considerarse como un acto de "racismo institucional, que nosotros no vamos a tolerar".
La Defensoría del Pueblo conoció del tema y en función de episodios similares ocurridos en contra de población afrodescendiente, abrió, de oficio, una investigación a fin de determinar lo sucedido. El expediente llegó a manos de la agencia municipal.
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