Replaqueo vehicular en Quito: cuándo se aplica, requisitos y costos del trámite

El replaqueo vehicular es un trámite excepcional que permite asignar una nueva placa e identidad a un automotor. Según explica Christian Gordillo, director de Matriculación Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), este procedimiento no es voluntario ni está relacionado con cambios de servicio (como pasar de taxi a vehículo particular), sino que se realiza únicamente por disposición judicial o de Fiscalía.

“El replaqueo se aplica en casos de vehículos adulterados de forma irregular, clonados o gemelos, para sanear la identidad del vehículo original”, detalla Gordillo.

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¿Qué es un vehículo clonado o gemelo?

• Vehículo gemelo: es una copia casi exacta de otro automotor, con las mismas características y con adulteración del número de motor y chasis.
• Vehículo clonado: es un vehículo similar al original, pero sin alterar su numeración; simplemente se le asigna de forma irregular la placa de otro vehículo con características parecidas.

En cualquiera de estos casos, la autoridad judicial o la Fiscalía emite un pronunciamiento ordenando a la AMT replaqueo y matriculación del vehículo afectado, para regularizarlo.

¿Cómo se hace el trámite?

La persona perjudicada debe presentar en la AMT la orden judicial o disposición de Fiscalía. Este trámite se realiza principalmente en la Agencia Bicentenario, en el norte de Quito.

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Una vez ingresada la solicitud, la AMT pide a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) la asignación de una nueva placa. “Cuando la ANT lo aprueba, el trámite en ventanilla dura entre 15 y 20 minutos. Todo puede resolverse en un solo día”, señala Gordillo.

¿Cuánto cuesta el replaqueo?

El proceso genera nuevos valores por la emisión de las especies:

• USD 22,00 por el duplicado de matrícula.
• USD 23,00 por la nueva placa para vehículos.
• USD 13,00 en el caso de placas para motocicletas.

Desde el 15 de julio de 2025, la AMT informó que ha gestionado 15 procesos de replaqueo en Quito, siempre respaldados por disposiciones judiciales o de la Fiscalía para proteger los derechos de los propietarios legítimos.