Pensiones alimenticias: más de medio millón de niños dependen de un sistema que sigue premiando al incumplido
Más de medio millón de niños dependen del sistema de pensiones alimenticias en Ecuador. Pero cuando la demora, la opacidad y los incentivos económicos favorecen el incumplimiento, la justicia deja de ser solo un problema jurídico para convertirse también en un problema económico y social.
Pensiones alimenticias para hijos menores de edad
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Canva
Autor:
Vanessa Brito /analista invitada
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Las pensiones alimenticias suelen verse como un conflicto familiar, pero eso es un error. Detrás de esos procesos opera uno de los mayores mecanismos de redistribución económica del país, que mueve cerca de USD 1.000 millones al año, involucra a unos 550.000 niños, genera miles de incidentes judiciales y de boletas de apremio por incumplimiento de pago. Cuando el sistema falla, los perjudicados son los niños.
Un sistema que mueve casi USD 1.000 millones al año
Las cifras oficiales revelan una realidad que pocas veces aparece en el debate público. Hasta mayo de 2026, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) registra más de 557.500 menores beneficiarios de pensión alimenticia, más de 415.000 representantes legales o apoderados que reciben el dinero en nombre de los menores y más de 420.000 personas obligadas al pago de pensiones alimenticias.
Solo en 2025 se recaudaron aproximadamente USD 846 millones por esta vía, monto superior en 41% comparado con el de hace cinco años, y hasta mayo 2026 se han recaudado USD 353 millones.
Estas cifras muestran que el sistema de alimentos no es un asunto marginal. Se trata de uno de los mecanismos de redistribución económica más importantes del país. Casi la mitad de las pensiones se recaudan entre Pichincha (29%) y Guayas (19%), el restante 53% corresponde a las otras 22 provincias.
Sin embargo, detrás de esos montos existe una realidad menos visible: miles de familias continúan enfrentando enormes dificultades para lograr que las decisiones judiciales se cumplan y que las pensiones alimenticias sean efectivamente pagadas.
Pero las cifras por sí solas no cuentan toda la historia. Detrás de ellas hay madres, niños y años de desgaste.
La llamaremos Soledad. No porque ese sea su nombre, sino porque pidió proteger su identidad para denunciar cómo el poder económico, la opacidad y la falta de controles efectivos pueden convertir a la justicia en un mecanismo de protección del progenitor incumplido, en perjuicio de los niños.
Este es su testimonio:
“Llevo más de dos años recorriendo juzgados, presentando escritos y gastando miles de dólares para que el padre de mi hija cumpla con la pensión alimenticia, y no hay forma de lograrlo.
Mientras yo lucho para mantener a mi hija sin recibir el dinero de su padre, he visto cómo sus cuentas bancarias se vacían, sus bienes desaparecen, sus autos dejan de estar a su nombre y un patrimonio millonario cambia de manos, a vista y paciencia del sistema judicial.
Durante este proceso descubrí que estamos luchando en un sistema donde el dinero incluso puede llegar a torcer resoluciones sustentadas en pruebas económicas, patrimoniales y financieras. En la Corte Provincial de Pichincha, dentro de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, he visto cómo pensiones alimenticias pueden ser modificadas drásticamente a la baja mediante decisiones que generan profundas dudas, mientras las medidas destinadas a cobrar simplemente no llegan.
Mi hija no puede esperar meses o años para comer, estudiar o recibir atención médica, mientras el padre incumplido se burla de la justicia.
En este calvario encontré a miles de madres que viven lo mismo. Mi caso no es la excepción. Es la regla. Por eso decidí hablar: porque detrás de cada expediente hay niños que siguen esperando el dinero al que tienen derecho, mientras la justicia termina actuando al revés de su propósito: favorecer al incumplido y abandonar precisamente a quienes debería proteger primero, los niños”.
La economía del incumplimiento
En la práctica, el tiempo juega a favor del incumplido. Mientras la justicia demora meses e incluso años en ejecutar una obligación alimenticia, los obligados se esconden, reorganizan recursos, transfieren bienes y reducen la efectividad de futuras acciones de cobro, en perjuicio de sus propios hijos.
Esto es justamente lo que ha vivido Soledad. Su proceso de aumento de pensión lleva más de un año sin que haya logrado cobrar un solo dólar adicional. Durante ese tiempo, el padre de su hija aprovechó para hacer desaparecer todo rastro de su elevada capacidad económica y, paradójicamente, hoy solicita una rebaja de la pensión alimenticia.
Esta realidad es conocida por quienes litigan en materia de alimentos. El problema es que la velocidad de reacción institucional rara vez compite con la velocidad con la que desaparecen los activos. Así, la lentitud judicial deja de ser un problema administrativo para convertirse en un problema económico con consecuencias nefastas sobre la vida de los menores.
El dinero que no llega a los niños
En 2025 se emitieron más de 54.000 boletas de apremio por incumplimiento de obligaciones alimenticias. Si se anualizan las casi 22 mil emitidas hasta mayo de 2026, este año cerraría con aproximadamente 53.000, una cifra similar a la observada en 2024 y 2025. Pichincha concentró el 25% de los apremios y Guayas el 18%.
Estas cifras no representan únicamente trámites judiciales. Representan pagos que no llegaron oportunamente a los niños, y se calcula que el monto involucrado bordea al menos USD 100 millones.
El apremio no se activa ante un simple retraso. Requiere más de 60 días de incumplimiento y, en la práctica, pueden transcurrir meses adicionales antes de su emisión. Soledad es un ejemplo de ello: lleva seis meses sin recibir un solo dólar y ni siquiera ha logrado que se emita la boleta de apremio contra el padre incumplido. Los dos meses que establece la ley terminan quedándose en el papel.
Pero la boleta tampoco garantiza el pago. Existe una falla estructural: el sistema puede sancionar, pero no siempre logra cobrar.
Entonces surge una pregunta clave que autoridades y jueces deberían responder ¿Qué está haciendo la justicia cuando el incumplimiento continúa siendo una conducta recurrente?Cuando litigar se convierte en un privilegio
Para quien tiene a cargo al menor, la justicia no es gratuita. Requiere abogados, tiempo, dinero y una enorme capacidad de resistencia.
Mientras, generalmente la madre que cría sola a sus hijos cubre su alimentación, salud y educación, también debe financiar años de litigio para intentar cobrar, contratando abogados y asumiendo costos que pueden alcanzar miles de dólares. Ese costo no lo absorbe el sistema; lo absorben las familias.
- El 35,7% de los hogares percibe ingresos menores a un salario básico, según última encuesta del INEC
Así, la desigualdad económica se convierte en desigualdad procesal. Quien tiene más recursos resiste mejor la demora; quien no los tiene, se desgasta. Y muchas madres terminan abandonando los procesos. Entonces, el desgaste económico termina siendo una estrategia ganadora para el incumplido.
La demora también tiene un valor económico
En economía, un dólar recibido hoy vale más que un dólar recibido dentro de cinco años. Lo mismo ocurre con una pensión alimenticia.
Cuando una resolución se retrasa, cuando una ejecución no avanza o cuando un expediente permanece meses sin una respuesta efectiva, existe un costo económico real.
Las estadísticas muestran que existe conflictividad permanente dentro del sistema. En 2025 se registraron más de 15.000 incidentes entre pedidos de aumentos y rebajas de pensiones, y hasta abril 2026 ya superan los 6.000. En promedio, el sistema judicial tramita unos 1.200 incidentes mensuales, mayoritariamente para rebajas.
Pichincha: la transparencia disminuye donde debería aumentar
Pichincha no es una provincia cualquiera dentro del sistema de alimentos. Es la jurisdicción que concentra el mayor volumen de incidentes judiciales del país. Por eso, lo que ocurre en sus juzgados y en su Corte Provincial trasciende los casos individuales y se convierte en un indicador de la salud institucional de la justicia ecuatoriana.
La reciente columna de Felipe Rodríguez en Primicias, Jueces corruptos a la hoguera, me obligó a hacer una pregunta incómoda: ¿qué ocurre en Pichincha cuando un litigio de alimentos escala dentro del sistema judicial?
El caso de Soledad ofrece una respuesta preocupante. Lo que vivió en la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha no fue una revisión transparente y rigurosa de pruebas económicas, patrimoniales y financieras verificables. Fue una experiencia marcada por la opacidad, la falta de explicaciones y decisiones judiciales cuya lógica resulta imposible de reconstruir.
Hoy, Soledad y su abogada han tenido que acudir a la Corte Constitucional en busca de justicia.
Este caso no es una excepción. Es una advertencia. Porque cuando el poder económico del alimentante entra en una sala judicial y la transparencia desaparece, quienes terminan perdiendo son los niños, que siguen creciendo mientras sus madres permanecen atrapadas en una justicia que no logra protegerlos.
Los notarios y la economía de las apariencias
Las notarías ocupan un lugar central en este proceso. Según cifras del Consejo de la Judicatura, solo en 2025 se registraron más de siete millones de actos en Ecuador.
Buena parte del vaciamiento patrimonial de los alimentantes se instrumenta precisamente a través de documentos notariales: bienes que cambian de titular, empresas que modifican su composición accionaria y activos que salen del patrimonio de quienes mantienen obligaciones alimenticias.
Soledad lo vivió de primera mano cuando un bien propiedad del padre de su hija, que bordeaba el millón de dólares, prácticamente se esfumó mediante una operación realizada ante una notaría del cantón Quito.
La ley exige controles y reportes destinados a prevenir operaciones inusuales; ahí entra la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico). Sin embargo, la realidad que viven muchas madres es otra: el dinero desaparece, los bienes se esfuman y nadie controla nada.El verdadero costo para el país
La discusión sobre pensiones alimenticias suele presentarse como un conflicto entre adultos. Es un error. Detrás de cada expediente existe un niño.
Pensiones que no llegan a tiempo significan menos educación, menos salud y menos oportunidades. Lo que parece un conflicto familiar termina convirtiéndose en un problema económico y social nacional.
En Ecuador, más de medio millón de niños dependen del sistema de pensiones alimenticias. La situación es tan grave que, si un padre decide no pagar, la justicia para los niños simplemente no existe. Un país que no es capaz de proteger a sus niños no solo está fallando a su presente, está renunciando a su propio futuro.
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