Desapariciones en Ecuador: Más de 800 casos seguían sin resolver hasta finales de 2024, según el Ministerio del Interior
El año pasado se reportaron 6.874 personas desaparecidas en el país y casi 400 fueron halladas sin vida. Pichincha y Guayas registran las mayores cifras. Alertan del incremento de desapariciones forzadas.
Familiares de víctimas de presuntas desapariciones forzadas posan tras una reunión con Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil, el 1 de febrero de 2025.
- Foto
CDH
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Los casos de personas reportadas como desaparecidas que seguían en investigación o sin resolver a finales de cada año se han ido incrementando desde 2021 en más de 100 reportes anuales en Ecuador.
Mientras que las desapariciones que terminaron en el hallazgo de las víctimas sin vida, se situaron en alrededor de los 400 casos, tanto al final de 2023 como en 2024.
El año pasado se reportaron 6.874 personas desaparecidas en Ecuador, de las cuales 394 se hallaron fallecidas. Sin embargo, 828 casos seguían en investigación al cierre de 2024 (casi 100 más que el año previo), según la base de datos abiertos del Ministerio del Interior.
Los casos sin resolver aumentan un 13%
Es decir, aunque el número total de desapariciones se redujo el año pasado (frente a los 7.975 reportes de 2023), los casos graves que terminaron en muerte se mantuvieron al mismo nivel, mientras aquellos sin resolver crecían un 13% en un contexto de militarización.
Pichincha se ubicó como la provincia con más personas desaparecidas (con 1.704 reportes), seguida de cerca de Guayas (con 1.529), las dos provincias más pobladas del país.
Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) señalan que aunque Guayas es la provincia donde tradicionalmente se han reportado más desapariciones, en 2024 los reportes se dispararon en Pichincha.
En la Asociación apuntan a deficiencias en el sistema judicial y en la Fiscalía, que dificultan la resolución de los casos.
Además, atribuyen a la falta de profesionalización entre policías y agentes fiscales, así como a los cambios de personal ligados a la propia inestabilidad institucional, las razones para el incremento de casos sin resolver, sin contar con los altos índices de violencia en las provincias de la Costa.
La Asfadec, que brinda apoyo a las familias por más de 12 años, está entre los organismos que han expresado su preocupación por el incremento de presuntas desapariciones forzadas desde enero de 2024, aquellas en las que median agentes del Estado o miembros de las Fuerzas Pública.
“Hermetismo e insensibilidad”
2024 cerró con la confirmación del asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, en el noroeste de Guayaquil, de entre 11 y 15 años, un caso que causó conmoción en el país, investigado por presunta desaparición forzada contra 16 militares involucrados.
Las familias de los desaparecidos pueden enfrentar obstáculos burocráticos y hermetismo por parte de las autoridades, en la experiencia de Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil.
“El Fiscal desarrolla su gestión a puerta cerrada y en total hermetismo; mientras afuera está pendiente y angustiada la familia del desaparecido, sin ningún tipo de información, ni apoyo psicológico”.
Billy Navarrete, director de la CDH Guayaquil.
El activista de derechos humanos apunta, por ejemplo, a la ausencia de notificación de la indagación fiscal a las familias, que a menudo desconocen las gestiones realizadas dentro de la investigación, lo que se agrava en casos investigados por desaparición forzada que involucran a patrullas militares.
Navarrete señala casos de "insensibilidad" en que se les ha informado a los familiares de que la resolución de este tipo investigaciones podría tardar hasta 15 años. “Es una respuesta absolutamente cruel pensando en todo lo que atraviesan estas familias”, dijo.
El Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha dispuesto medidas de acción urgente en 18 casos de desapariciones forzadas, lo que obliga al Estado ecuatoriano a rendir cuentas sobre mecanismos de búsqueda, investigación y sanción. La CDH elevó a 27 la cifra de estas presuntas detenciones/desapariciones, hasta el 4 de febrero de 2025.
Compartir:
