Expolicía prófugo durante 22 años recibe condena por desaparición forzada en el caso González y otros

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 25 años de cárcel al expolicía Darwin Condoy por la desaparición forzada de tres civiles en Guayaquil en 2003, en el contexto de un operativo policial irregular que terminó en una masacre a las afueras de una farmacia.

La Fiscalía informó que pudo demostrar la responsabilidad de Condoy como coautor de la desaparición de estas tres personas, registrada el 19 de noviembre de 2003, en una farmacia del norte de Guayaquil.

Un fotógrafo de prensa captó una imagen del momento cuando un agente llevaba a uno de ellos esposado y con el rostro cubierto, una prueba que fue clave durante la investigación judicial de este caso conocido popularmente como 'Fybeca'.

En agosto de 2024, el mismo tribunal, compuesto por los jueces Felipe Córdova, Javier De la Cadena y Julio Inga, ya había condenado a 26 años a otros cuatro exagentes por esta misma desaparición; sin embargo, Condoy estaba prófugo y fue capturado recién el 29 de diciembre de ese año.

En ese entonces se señaló que una vez que los expolicías detuvieron irregularmente a estas tres personas, los trasladaron hasta las instalaciones de la Policía Judicial y torturaron a algunos de ellos.

Durante la audiencia de este juicio realizada en noviembre, el fiscal Carlos Alarcón señaló que el expolicía participó en el operativo que se desarrolló aquel día y que fue parte de la estructura de control externo a la farmacia, teniendo una participación principal en la distribución de roles, misma que fue funcional para proteger las actividades que desarrollaban los otros involucrados dentro del local comercial.

El 19 de noviembre de 2003 también fueron abatidas ocho personas y, en noviembre de 2014, la sala penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 16 años de prisión a cinco expolicías acusados de perpetrar una "ejecución extrajudicial".

En principio, el caso fue clasificado como un "delito en función", aunque luego fue tramitado como un "delito común" en el entorno de graves violaciones a los derechos humanos.