Ecuador deporta a peruano que amenazaba a conductores en Machala y tenía 26 denuncias en su país
Un ciudadano peruano fue deportado de Ecuador tras ser señalado por las autoridades como una amenaza para la seguridad del Estado. El extranjero tenía 26 denuncias en Perú y presuntos vínculos con Los Lobos.

Deportación de ciudadano peruano con 26 denuncias en su país.
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Policía Nacional
Autor:
Redacción EFE / Primicias
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó sobre la deportación de un ciudadano peruano que acumulaba 26 denuncias en su país y que, presuntamente, estaría vinculado con la banda criminal Los Lobos, considerada una de las principales organizaciones delictivas de Ecuador.
El operativo fue ejecutado por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. Según las autoridades, el extranjero habría sido identificado mientras presuntamente amenazaba a conductores en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con Reimberg, el ciudadano había ingresado de manera irregular a Ecuador y registraba en Perú denuncias por presuntos hurtos, agresiones, amenazas y delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Las autoridades ecuatorianas lo calificaron como una amenaza para la seguridad del Estado y dispusieron su deportación inmediata a Perú, donde deberá continuar el proceso legal correspondiente, añadió el ministro.
El Oro mantiene toque de queda por la inseguridad
El Oro, junto con Guayas, Manabí y Los Ríos, inició un nuevo período de toque de queda nocturno. Se trata del tercer estado de excepción con restricción de movilidad que el presidente Daniel Noboa decreta en lo que va de 2026, como parte de su estrategia contra el crimen organizado.
Además, el Gobierno declaró un nuevo estado de excepción que, al igual que los anteriores, restringe durante 60 días algunas libertades fundamentales, entre ellas la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Durante el toque de queda también se limita la libertad de movimiento.
Estas medidas buscan facilitar las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra organizaciones delictivas, incluidas intervenciones en viviendas e interceptaciones de comunicaciones bajo las condiciones establecidas en el decreto.
Sin embargo, Ecuador cerró 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, según las cifras oficiales, lo que mantuvo al país entre los más violentos de América Latina.
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