El daño renal de Maradona era una señal de alerta antes de su muerte, según un médico

Hernán Trimarchi, que testificó en el juicio contra siete profesionales de la salud por posibles negligencias fatales, trazó, al igual que otros expertos en audiencias anteriores, un panorama de cuidado deficiente en torno al ídolo del fútbol argentino en noviembre de 2020.

Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar, durante una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son cuestionadas en este juicio.

El especialista, que integró una junta médica que analizó la muerte de Maradona, explicó que los riñones del astro "pesaban mucho" y presentaban lesiones vinculadas a un antecedente de obesidad, consumo de cocaína e hipertensión.

En ese contexto, "lo básico era control médico diario, enfermería diaria, un hemograma y la toma de signos vitales", dijo Trimarchi. Sin embargo, señaló que no vio "ninguna extracción de sangre" en los documentos de la internación domiciliaria.

"Si la presión va subiendo, el peso va subiendo; bueno, acá tenemos que hacer algo", señaló Trimarchi. El testimonio precedió al del toxicólogo Carlos Damin, que también integró la junta médica.

En su declaración, Damin advirtió sobre la necesidad de controlar la función renal, hepática y cardiológica de Maradona debido a los psicofármacos que el exfutbolista recibía.

Los medicamentos que tomaba el Diez "se metabolizaban en el hígado y se eliminan por el riñón, además de que gran parte de esta medicación puede provocar algún tipo de afección cardíaca".

Damin señaló que es necesario que, para recibir estos fármacos, el paciente tenga "una función renal buena".

Médicos, enfermeros y un psicólogo son juzgados por homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones y omisiones podían llevar a la muerte del exfutbolista.

El ídolo murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía en Tigre, al norte de Buenos Aires.

Todos los acusados sostienen su inocencia. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado. El juicio, que comenzó en abril, ya tuvo más de 60 testigos y se extendería al menos hasta septiembre.