Fiscalía ejecuta nuevos allanamientos en el caso Apagón, que investiga los contratos con Progen
La Fiscalía realizó 20 allanamientos en viviendas y oficinas de tres provincias, como parte de la investigación del caso Apagón. Los agentes levantaron documentos, celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos.
Una agente realiza un allanamiento en una vivienda como parte de las investigaciones del caso Apagón, el 6 de febrero de 2026.
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Fiscalía del Ecuador
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Personal de la Fiscalía y la Policía realizaron varios allanamientos en tres provincias de Ecuador la madrugada del viernes 6 de febrero, como parte de la investigación del caso Apagón, que investiga un presunto peculado en contratos de generación eléctrica, firmados en 2024 entre Celec y la empresa Progen.
En total, se ejecutaron 20 allanamientos en viviendas y oficinas de Pichincha, Tungurahua y Guayas. Los agentes buscan recabar indicios que aporten a la investigación, que inició en julio de 2025 con un amplio operativo y el allanamiento de la casa de Fabián Calero, exviceministro de Energía y anterior gerente del holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
En estos allanamientos, los agentes encontraron documentos, teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos, que serán analizados como parte de la investigación del caso Apagón, detalló la Fiscalía.
La Fiscalía investiga un presunto perjuicio para el Estado en los contratos de generación eléctrica firmados con la empresa estadounidense Progen. La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio por UD 100 millones por los contrato para Quevedo y El Salitral.
En julio de 2025 se cumplieron las primeras diligencias del caso Apagón, en viviendas de funcionarios y en instalaciones de Celec. Un mes después, la Fiscalía allanó la casa del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y del exviceministro de Electricidad, Rafael Quintero.
En diciembre de 2025, Celec presentó en Estados Unidos una demanda en contra de Progen Industries LLC, que confirma que las irregularidades señaladas desde que se firmó el contrato eran reales, pero que la empresa pública y el Gobierno ignoraron.
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