Jueces reactivan operación de polémica minera en La Maná, pese a que no cuenta con licencia ambiental

La empresa Comiange reactivará actividades en tres concesiones mineras en La Maná, en Cotopaxi, luego de que tres jueces de la Corte Provincial Penal de Pichincha desecharan una acción de protección que suspendió su operación por no contar con licencia ambiental.

El 12 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado determinó que la empresa Comiange había explotado oro y otros metales sin tener todos los documentos habilitantes en La Maná, entre ellos, licencia ambiental, y sin contar con todos los requerimientos técnicos.

El Tribunal ordenó, además, que la minera repare los severos daños ambientales causados en las áreas Ximena, Ximena 1 y Nosul, que le fueron adjudicados en 2015.

Además, determinaron que las autoridades de control incumplieron sus obligaciones, pese a varias denuncias.

A los jueces llamó la atención que desde el 2016 las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Energía y de los Ministerios del Ambiente y Energía no actuaron sobre las irregularidades, pese a la existencia de 22 informes técnicos de esas entidades que detallaban daños a las fuentes de agua por parte de la minera.

Entre los problemas detallados están: 

• Piscinas de sedimentación no cuenta con diseño técnico.
• No cuenta con buen manejo para disposición final de desechos. 
• Descarga de agua residual sin tratamiento.
• Obstrucción de flujo natural de los cuerpos hídricos.

La demanda fue impulsada por la empresa embotelladora Acquad´or CA, fabricante del agua Splendor, que tiene su planta en La Maná, que advirtió de los daños al ambiente por parte de la minera, que viene operando 12 años sin licencia ambiental.

Por eso, los jueces ordenaron que la minera no vuelva a operar hasta cumplir con todos los requisitos legales, que las autoridades inspeccionen las áreas con problemas ambientales y verifiquen su remediación y que inicien los procesos de sanción que no impulsaron en ocho años.

El fallo fue impugnado por los ministerios de Ambiente y de Energía, por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y por Comiange, pese a que reconocen que la empresa ha causado daños y opera sin licencia ambiental, defendieron que la han sancionado y han ejercido procesos de control.

Pese a la enorme cantidad de informes técnicos sobre los daños al ambiente, los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León, y Xavier Barriga Bedoya, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, concluyeron que no cabía la suspensión ni la caducidad de las concesiones.

Además, los jueces, en su fallo de segunda instancia, concluyeron que no hubo violación a los derechos de la naturaleza.