Circunscripción 3 de Pichincha: 46 candidatos declaran sus impuestos en cero y cuatro tuvieron proceso penales

Cuatro candidatos buscan la reelección a la Asamblea Nacional en la circunscripción 3 de Pichincha, donde 14 organizaciones políticas se disputan cinco curules parlamentarias.

De los 70 candidatos a asambleístas, los cuatro que llegaron a la Asamblea tras la muerte cruzada, en 2023, y ahora buscan regresar son: Jahiren Elizabeth Noriega Donoso y Patricio Chávez Zavala por la Revolución Ciudadana (RC, lista 5), Manuel Bohórquez Tapia, por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6) y Nathaly Farinango Delgado, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7).

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30 de los 70 candidatos no han presentado su declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) en alguno de los últimos siete años (2017-2023). Aunque este no es un requisito para la inscripción de la candidatura, demuestra un pendiente con la administración del Estado. En su página web, el SRI señala que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior o aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.

Quien encabeza esta lista es el candidato José Armendaris Sáenz, de Creo (lista 21), que tiene cinco declaraciones pendientes. Le siguen, con cuatro años, su coideario Erik Trejo Maldonado; Fausto Rodríguez Martínez, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17); Germania Jiménez Torres, de la alianza Súmate a la Transformación (lista 23-65) y Perla Lalaleo Valencia, del Partido Sociedad Patriótica (PSP, lista 3).

Luego de publicada la información, Camila Lalaleo presentó sus declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a los años 2022 y 2023, con un valor de cero dólares. En una carta enviada a Fundamedios este 6 de febrero, la candidata manifestó que también solicitó al SRI que corrija su sistema, donde aún consta que tiene declaraciones pendientes por los años 2020 y 2021, argumentando que ella no debía realizar estas declaraciones ya que inició sus actividades económicas recién en 2022, cuando abrió su RUC.

Otros 46 candidatos, es decir, más de la mitad de los postulantes para esta circunscripción, han declarado cero dólares en alguno de los años del periodo analizado. De entre ellos, dos lo han hecho durante siete años, es decir que han reportado en este tiempo no tener ingresos o al menos no los suficientes para pagar impuestos. Ellos son: Juan Bayas Verduga, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, lista 4) y Ronal Toala Reyes, de Centro Democrático (CD, lista 1).

Además, una docena de candidatos no tienen ningún tipo de información registrada en el SRI. Pertenecen a varias tiendas políticas: Unidad Popular (UP), PID, RC, ADN, Izquierda Democrática (ID), PSE, CREO y Súmate a la Transformación.

Y otros cuatro postulantes por la circunscripción 3 tienen deudas pendientes con el SRI. La mayor de ellas de USD 3.285 dólares, de la candidata Mayra Brito Cuzco (CD), que fue presidenta de la Junta Parroquial de Tumbaco. Las otras tres varían entre un centavo y USD 3,25.

Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. PRIMICIAS y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.

Experiencia en el sector público

De los 70 candidatos de la circunscripción 3 de Pichincha, un 42% tiene experiencia en el sector público y registran declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado. El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el Municipio de Quito son algunas de las instituciones en las que se han desempeñado los postulantes.

No todos han presentado declaración de fin de gestión ante la Contraloría. Laura Coello Fernández (Centro Democrático) es la que más ha repetido este incumplimiento, al salir de tres cargos zonales en el Municipio capitalino sin declaración final.

Por otro lado, en esta información pública hay un patrimonio que destaca por sobre los demás: el de Patricio Chávez Zavala (RC), asambleísta que busca la reelección. En su declaración de marzo de 2017, al finalizar su cargo como Gerente de la empresa pública en liquidación TAME, dijo superar los USD 14,3 millones. Pero al iniciar como asambleísta, en noviembre de 2023, declaró un patrimonio de USD 464.817. La principal variación fue en sus bienes inmuebles que disminuyeron en poco menos de USD 1 millón.

En 2017 apenas pagó USD 312 de impuestos en el SRI y fue bajando anualmente hasta llegar a cero dólares en 2020. Desde entonces comenzó de declarar altos valores, por sobre los USD 8.000 anuales.

Así como hay legisladores que aspiran a la reelección, también hay extenientes políticos que buscan llegar a la Asamblea: Cristian Romero Morocho (ADN), Fredy Espinoza Granda (Construye) y Paola Paillacho Coro (PSC).

Procesos judiciales sobreseídos o archivados

En cuatro de las listas aparecen candidatos que han tenido procesos penales en su contra. Los supuestos delitos que se investigaron fueron uno por estafa, dos por violencia psicológica de género y uno por asociación ilícita en instituciones públicas. Pero los casos fueron archivados, sobreseídos o prescribieron.

El caso de presunta asociación ilícita se trata de José Armendaris Sáenz (Creo), por una supuesta venta de cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pero el juez dictó sobreseimiento a su favor.

Mientras que en el proceso por supuesta violencia psicológica de género estuvo vinculado Manuel Bohórquez Tapia (PSC). Pero, tras pasar el tiempo equivalente a la pena máxima, de cinco años, el caso prescribió.

Esta alianza periodística contactó a ambos candidatos para conocer sus versiones, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.

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