Con solo un 4% de indecisos, la economía es punto clave en la lucha electoral en Brasil entre Lula y Flavio Bolsonaro

El último lunes de agosto el presidente de Brasil recibió en su residencia en Brasilia a un grupo de selectos invitados. Una quincena de los empresarios y banqueros más poderosos del país desembarcó en la capital a bordo de aviones privados y se dirigió al palacio de la Alvorada. En torno a la mesa, uno de los dueños de JBS, la mayor compañía de carne del mundo; representantes de los bancos BTG Pactual, Itaú y Bradesco, de grandes seguros médicos… además de los ministros del área económica del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años. El veterano presidente de la primera economía latinoamericana quería escuchar a los hombres más influyentes del sector privado brasileño a las puertas de unas elecciones, en octubre, que se presentan muy reñidas. El antiguo obrero metalúrgico espera vencer al hijo de su predecesor Jair Bolsonaro y culminar su carrera política con un cuarto mandato no consecutivo.

La élite del empresariado expresó al presidente Lula la urgencia de que el próximo Gobierno emprenda un ajuste fiscal para frenar el rápido aumento de una deuda pública que ven desbocada (82% del PIB), según relatos publicados por la prensa brasileña. La tasa de interés oficial sigue altísima (un 13,75%), lo que perjudica al endeudamiento público y privado. Como aperitivo y para mitigar los esperados recelos, el Gobierno presentó esa misma mañana su proyecto de presupuestos para 2027, con el que, si gana los comicios, pretende alcanzar el primer superávit primario (excluido el pago de intereses de la deuda) en años (del 0,5% del PIB) gracias, entre otras medidas, al recorte de gastos en el funcionariado.

La Bolsa brasileña suele dejar bien claras sus preferencias políticas. La semana pasada, en cuanto se publicó una encuesta electoral en la que el senador Flávio Bolsonaro superaba por primera vez desde marzo a Lula, el mercado lo celebró con subidas. Ante la evidente desconfianza hacia el Gobierno, este redobla su mensaje. “En el presupuesto de 2027, los gastos obligatorios van a aumentar menos que el crecimiento general del marco (fiscal)”, reiteraba esta semana el ministro de Finanzas, Dario Durigan, en el diario O Globo.

Casi tres horas duró la cena del presidente con la élite del PIB brasileño en el palacio acristalado diseñado por Óscar Niemeyer. Uno de los invitados, el banquero André Esteves, de BTG Pactual, venía de reunirse dos días antes en Estados Unidos con el presidente Donald Trump.

Pese al superávit del que disfruta Washington en la relación comercial, ha vuelto a castigar a Brasil con una segunda batería de aranceles. No obstante, las excepciones son tantas que el impacto en la economía brasileña es limitado. Bajo la química personal entre ambos mandatarios, subyace un duro pulso ideológico.

Los brasileños votarán el próximo 4 de octubre para elegir presidente, los 27 gobernadores, renovar toda la Cámara de los Diputados y dos tercios del Senado. Las encuestas retratan desde hace meses la carrera electoral como un mano a mano entre el presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro, el candidato más fuerte de una derecha dividida y el preferido por el mercado, aunque sin el entusiasmo que despertaba su padre. El pronóstico de los sondeos es que el izquierdista ganará la primera vuelta, pero sin superar el 50% de los votos válidos, por lo que habrá una segunda vuelta el 25 de octubre a la que Lula y Bolsonaro llegan en empate técnico. En 2022, Lula ganó a Bolsonaro padre por la mínima, 1,8 puntos.

• En Brasil está en disputa mucho más que su presidencia

Politólogos y economistas brasileños coinciden en que, con el avance de la polarización y las guerras culturales, un buen desempeño económico ya no allana como antaño el camino a la reelección. El economista Emerson Marçal, de la Fundacion Getúlio Vargas (FGV), matiza que, aunque los asuntos morales han ganado peso en un Brasil que se ha vuelto más conservador, la economía es aún muy relevante en términos electorales (junto a la sanidad y la seguridad pública son las principales preocupaciones del electorado). Pero los votos en disputa son escasos, los indecisos en esta elección rondan el 4%. La inmensa mayoría del electorado tiene muy claro a favor de quién (o en contra de quién) votará.

El presidente Lula presume de las cifras macroeconómicas. Enfatiza en su discurso que el desempleo está en mínimos históricos (5,4% en julio), que la economía ha crecido con más fuerza que la de Estados Unidos o la eurozona (y que lo pronosticado por los economistas), que la inflación está bajo control (4,22% en agosto), que el salario mínimo ha vuelto a aumentar por encima de la inflación, que la clase media-baja paga menos impuestos y los ultrarricos más… Pero los índices de popularidad del presidente muestran con crudeza que los brasileños de a pie no sienten esas mejoras en el bolsillo.

Señala el economista Marçal que la popularidad del presidente Lula “está bien baja (en las encuestas electorales). Siempre tuvo índices de aprobación mayores. Está en el límite de ser un candidato competitivo, por eso la elección está tan abierta”. Hace solo unos días mostraban que un 50% desaprueba la labor del Gobierno, frente a un 47% que la aprueba, según Datafolha.

Este economista de la FGV considera que el Gobierno Lula sobrevalora los resultados de su gestión económica. Por ejemplo, el PIB. “El crecimiento fue ligeramente superior al de Gobiernos anteriores, más de lo pronosticado por los economistas, pero nada espectacular, impulsado principalmente por la recuperación tras la pandemia. Bastaba con estimular la demanda. Sin embargo, este crecimiento está perdiendo impulso”, advierte. El FMI pronostica un 2,4% para este año y un 2,2% para el siguiente. El sector agropecuario y todos los servicios que genera son el gran motor de la economía brasileña, un sector en el que la productividad aumenta, cosa que no ocurre en otros, como los servicios. Y ese es uno de los problemas crónicos que lastran el crecimiento.

El desempleo está en mínimos históricos, sí, “pero el mercado de trabajo está recalentado”, afirma el especialista de la FGV. Y “la renta aumentó pero tampoco nada espectacular. Como el nivel de escolaridad ha mejorado, la gente gana más”. Una de las paradojas es que una parte de los brasileños que han prosperado en lo que va de siglo, en buena medida gracias a políticas públicas del Partido de los Trabajadores de Lula, atribuye esas conquistas únicamente a su esfuerzo personal, a sus propios méritos, no a un impulso gubernamental.

El efecto de las apuestas por internet y de las altas tasas de interés es corrosivo en los presupuestos familiares. El precio del dinero también dispara la deuda pública, que ha aumentado unos 10 puntos en este mandato, hasta superar el 82% del PIB. “El primer gran desafío (del próximo presidente) es la situación fiscal. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno de Lula fue extremadamente derrochador. No cabe duda”, dice el economista de la FGV. Doce puntos, recalca, es mucho para un solo mandato y sin ninguna crisis externa.

• El presidente de Brasil, Lula da Silva, defiende su decisión de prohibir las apuestas deportivas en un mitin en São Paulo

En esa línea incide el profesor de Economía Otto Nogami, de la escuela de negocios Insper. Nogami apunta que “el exceso de gasto (público) preocupa porque es uno de los factores más importantes que lastra las inversiones necesarias para revitalizar la economía”. En su opinión, el Gobierno se ha preocupado más por la política externa que por asuntos domésticos. Sin duda, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el que Lula invirtió mucho capital político, es una de sus conquistas. Aunque los potenciales beneficios se han visto ensombrecidos por el reciente veto de Bruselas a las importaciones de carne brasileña.

Pero el gran talón de Aquiles del Gobierno es la deuda pública, el asunto con el que lo machacan a diario. Los foros de empresarios, buena parte de los columnistas y los editorialistas de los grandes diarios son un clamor cotidiano en favor de la contención del gasto. “El próximo Gobierno, sea quien sea quien lo lidere, va a sufrir un baño de realidad, tendrá que hacer un ajuste fiscal fuerte porque si no tendremos problemas serios”, advierte Marçal. Porque las opciones son limitadas: limitar el gasto, aumentar los ingresos o reducir los subsidios.

Ambos candidatos, Lula y Bolsonaro, prometen un ajuste fiscal, pero sin entrar en los dolorosos detalles sobre cómo pagarán la cuenta pendiente. Y, como no han participado por el momento en debates electorales, han logrado esquivar preguntas de los rivales y no han contrapuesto sus propuestas ante el público.

En la cena con los empresarios, Lula lamentó que se cuestione su compromiso fiscal pese al esfuerzo de su Gobierno por reducir el déficit dejado por su predecesor Bolsonaro (en tiempos de pandemia) y su compromiso de superávit primario para 2027.

El líder y fundador del Partido de los Trabajadores acostumbra a quejarse en los mítines sobre la fuerte presión a la que le somete el Wall Street brasileño, lo que aquí llaman Faria Lima, por la avenida de São Paulo que es epicentro del mercado financiero. El antiguo líder sindical convertido en estadista rechaza abiertamente sacrificar su agenda social por la presión de los mercados.

Este jueves, el presidente Lula hizo un relevante gesto a los brasileños más necesitados, su electorado más fiel. Anunció que la ayuda contra la pobreza Bolsa Familia aumentará un 15% a partir de octubre para compensar la inflación desde 2023. Veinte millones de familias empezarán a recibir, a las puertas de la segunda vuelta, 116 euros mensuales frente a los 100 actuales. El equipo económico de Lula asegura que los gastos gobernamentales no engordarán porque reducirán otras partidas para encajar los 4.700 millones de euros extra que supone entre este año y el próximo.

Lula suele recurrir a dos argumentos clásicos en el repertorio con el que ha construido el relato de su vida. Un primer mantra es que destinar dinero público a los pobres, a la educación o la sanidad “no es gasto, sino inversión”. Y cuando le acusan de derrochar dinero público, apela al desempeño de sus Gobiernos anteriores (2003-2010) y al ejemplo materno. Recuerda el político que doña Lindu, una mujer analfabeta que sacó adelante a sus ocho hijos, les enseñó a no gastar por encima de sus posibilidades.

La subida de los tipos de interés desde la pandemia, con una leve reducción desde 2025, ha entrampado a las familias. Eso, junto a la inflación y la epidemia de las apuestas con el móvil, hace que para millones de brasileños el día a día requiera enormes malabarismos y recurrir al crédito sin garantía de poder pagar. El nivel de endeudamiento aumenta mes a mes. Alcanza un porcentaje nunca visto en Brasil. El 82% de las familias debe dinero y un tercio ha dejado de pagar alguna factura pese a que el Gobierno de Lula ha impulsado amplios programas de renegociación y quita de deudas con los bancos. En el horizonte, advierten los analistas, el riesgo de que una desaceleración más aguda del crecimiento económico cause una tormenta perfecta que desestabilice rápidamente la precaria economía familiar de buena parte de la población.

En este tercer mandato Lula no ha tenido los fuertes vientos favorables que impulsaron el crecimiento económico de Brasil, y de los países emergentes en general, en los dos primeros. Entonces, la demanda de materias primas de China disparó el PIB y hubo un chorro de dinero para inyectar en programas sociales, que sacaron a millones de personas de la miseria. Los pobres prosperaron y los ricos aumentaron sus fortunas. Salió de la presidencia con una popularidad superior al 83%.

Al regresar al poder en 2023, tras su paso por la cárcel y una espectacular resurrección, Lula se encontró con “el país destruido” por Bolsonaro. Y también con un mundo más complejo, más hostil, con un Estados Unidos agresivo, volátil y molesto con la creciente presencia china en Brasil y el resto de Sudamérica.

El margen de maniobra de los Gobiernos brasileños es limitadísimo, con más del 90% de los gastos destinados a partidas obligatorias sujetas por normas constitucionales. Y ahí asoman dos retos más: cambiar esa estructura requeriría una costosísima negociación con un Congreso voraz, que cobra caro cualquier apoyo. Y el debate sobre si congelar el salario mínimo o desvincularlo de partidas como ayudas sociales o pensiones. Un debate que el presidente Lula ya ha resuelto. Si gana los comicios de octubre, el líder del PT pretende subir de nuevo el salario mínimo, que cobra un tercio de la población trabajadora, por encima de la inflación para que los menos favorecidos mantengan el poder de compra. Cuando a Bolsonaro hijo le preguntan cuál será su política en ese capítulo, se escabulle y sólo repite: “No voy a ahorrar con el salario mínimo, combatiré el derroche y bajaré impuestos”.

Bajar los impuestos a la clase media fue la gran promesa electoral de Lula en 2022. Y cumplió. Los brasileños que ganan menos de 5.000 reales (840 euros mensuales) han quedado eximidos a partir de este año de pagar el impuesto de la renta, lo que supone un gran alivio para 15 millones de contribuyentes. Para compensar y en sintonía con la justicia tributaria que defienden Lula y el Partido de los Trabajadores, Hacienda ha aumentado la tributación a los ultrarricos, de manera que 140.000 brasileños pagan ahora un tipo mínimo del 10%. Para Lula es el comienzo del proceso para revertir un sistema de tributación injusto, que castiga a los pobres.

Además, el Gobierno logró que su propuesta de rebaja de impuestos a la clase media-baja superara milagrosamente la polarización y saliera adelante por unanimidad en ambas Cámaras. Incluso el Partido de la Libertad, el de los Bolsonaro, votó a favor de la medida. Pero esta no ha tenido los efectos esperados por Lula y los suyos entre el electorado.

Por eso, el presidente brasileño ha redoblado los esfuerzos para que el Congreso apruebe otro cambio legislativo con la vista puesta en esa franja de los votantes: el fin de la llamada escala 6x1, es decir, reducir la actual jornada laboral de seis días de trabajo por uno de libranza a dos días libres sin pérdida salarial. Es una mejora con enorme apoyo entre la ciudadanía porque brindaría tiempo libre a millones de brasileños que no tienen más vida que el trabajo y las gestiones cotidianas, sin tiempo para el disfrute.

Señala el profesor Nogami que el senador Bolsonaro no ha logrado rodearse de un equipo económico del peso del que acompañó a su padre, con un banquero de inversión como Paulo Guedes de ministro de Economía. A este especialista le parece relevante que tenga el equilibrio fiscal en el radar, pero destaca las dificultades de diálogo que el candidato bolsonarista muestra con otros partidos y con el mundo económico.

Pese a que las élites económicas hubieran preferido un candidato derechista sin el apellido Bolsonaro, el expresidente eligió la familia. Y ninguno de los gobernadores que intentan disputarle el espacio electoral al senador Bolsonaro ha logrado despegar en las encuestas.

La apuesta de Lula por colocar a Fernando Haddad, del PT, al frente del Ministerio de Finanzas causó sorpresa inicialmente, pero el elegido salió bien parado de la misión. Haddad, que sustituyó a Lula como candidato del PT cuando fue encarcelado, en la campaña de 2018, es candidato a gobernar São Paulo, una carrera que tiene cuesta arriba. Las encuestas dan por seguro que el motor económico de Brasil seguirá en manos de la derecha, del actual gobernador, Tarcísio de Freitas. Haddad sigue como el mejor colocado para sustituir a Lula el día que se retire. Si gana de nuevo, el actual presidente concluirá su cuarto mandato con 85 años.

De los minerales críticos al petróleo

El Congreso brasileño aprobó a principios de septiembre la ley que regulará la explotación de los minerales críticos, uno de los bienes más valiosos que atesora su subsuelo, rico también en petróleo, en oro y otros minerales.… Y de los más codiciados en los últimos tiempos por aquellos que buscan suministradores alternativos a China para afrontar la transición energética. Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo de tierras raras. En los últimos meses, autoridades y empresas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han expresado su interés por entrar en el negocio. La ley de minerales críticos pretende incentivar la explotación con incentivos que suman 7.000 millones de reales (casi 1.200 millones de euros, más de 1.300 millones de dólares).

Los minerales críticos, convertidos en sinónimo de soberanía, tienen desde hace meses presencia en el discurso del presidente Lula. Su mención en el primer mitin de campaña, en agosto, fue uno de los momentos más aplaudidos del evento. El mandatario defiende que parte del procesamiento se haga en el territorio nacional con transferencia de tecnología. Por eso, la nueva ley premia los proyectos que contemplen una mayor aportación de valor añadido en el territorio. De entrada, el Gobierno de Estados Unidos ha apostado fuerte para que una compañía estadounidense adquiriera la única empresa brasileña que por el momento explota las codiciadas tierras raras.

El reciente descubrimiento de petróleo en aguas brasileñas de la línea del ecuador, frente a la Amazonia, es otro de los elementos que Lula incluye en su discurso de defensa de la soberanía. A falta de que Petrobras confirme el tamaño del nuevo yacimiento y la viabilidad económica de explotarlo, el presidente sueña con que se cumplan las expectativas más optimistas y sirva para suplir el crudo del presal, descubierto en el Atlántico bajo gruesas capas submarinas de sal durante su primer paso por la Presidencia.

Contenido publicado el 19 de septiembre de 2026 en El País ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.