De la Espriella apelará fallos judiciales contra su política de seguridad y anuncia que la Policía podrá entrar a las universidades cuando haya hechos de violencia
La política de mano dura del presidente colombiano Abelardo De la Espriella ha tropezado con decisiones de los tribunales que le han prohibido bombardear campamentos con menores, exhibir cadáveres en redes sociales y hacer pruebas de fumigación con peligroso herbicida.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella durante una alocución el domingo 13 de septiembre de 2026.
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EFE/EPA
Autor:
Redacción Primicias / Agencias
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El presidente colombiano Abelardo De la Espriella dijo el domingo 13 de septiembre que apelará las decisiones judiciales que frenan su política de mano dura contra el crimen, tras tres fallos en su contra emitidos en el último mes, y anunció que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.
De la Espriella lleva a cabo una ofensiva con bombardeos y redadas contra las poderosas mafias que se financian con el narcotráfico en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.
Sin embargo, distintos tribunales han emitido decisiones adversas a su proceder, ordenándole suspender los bombardeos contra campamentos guerrilleros cuando haya información sobre la presencia de menores; retirar de las redes sociales videos en donde aparece entre cadáveres, y frenando pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.
"Las decisiones judiciales se respetan, y las órdenes vigentes se cumplen (...) pero eso no significa renunciar a controvertirlas", dijo el Presidente en una alocución tras la seguidilla de reveses judiciales en poco más de un mes de mandato.
De la Espriella acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos con música de guerra en redes, que siempre cierra al grito de "¡Viva Cristo rey!"
Promete doblegar a los carteles del país con mano de hierro y la ayuda de Estados Unidos, su principal socio militar.
Opositores y grupos de derechos cuestionan métodos

Pero la oposición, colectivos de defensa de derechos humanos y de libertad de prensa han criticado sus métodos.
Una fundación de defensa de derechos humanos, por ejemplo, denunció haber recibido amenazas de muerte anónimas tras interponer una acción judicial para frenar las pruebas de aspersión aérea de narcocultivos con glufosinato de amonio, un herbicida prohibido en la Unión Europea y considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud.
De la Espriella, por otro lado, anunció el domingo que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo y dijo que la autonomía universitaria no está por encima del orden público.
"La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en su alocución transmitida en sus redes sociales.
Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.
La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.
"No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.
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