Venezuela: El chavismo y la oposición inician diálogo por una transición política con solución pacífica y democrática

El gobierno interino de Venezuela y delegados de la oposición sostuvieron el jueves 6 de agosto en Caracas un primer encuentro en el diálogo auspiciado por Estados Unidos que muchos esperan se traduzca en una transición política y en elecciones, y acordaron seguir conversando durante esta primera fase hasta la próxima semana.

El diálogo se lleva a cabo sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no fue invitada a las conversaciones, pero afirmó que no obstaculizará el proceso.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, acordaron trabajar en un primer ciclo hasta el próximo 12 de agosto y definir la metodología, fases de trabajo y ratificar la agenda de temas que abordará este proceso.

Tras la primera reunión en la base aérea La Carlota, en Caracas, ambas partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".

Igualmente, las partes se comprometieron a informar oportunamente a todo el país de los avances alcanzados en estas conversaciones.

La agenda

El cara a cara se dio tras una primera llamada telefónica el pasado fin de semana entre Rodríguez y Figuera, quien tiene el respaldo de Estados Unidos, país que ejerce una fuerte presión sobre la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Figuera llegó el miércoles a Venezuela y aseguró que en la negociación se abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo, para que sea "creíble y confiable", y la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.

También la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

El proceso, de acuerdo a Figuera, también incluirá la atención a las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó más de 6.000 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en USD 19.600 millones.

La delegación opositora, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015 y desconocido por el derrocado presidente Nicolás Maduro, se comprometió a que este proceso se traduzca en resultados concretos que atiendan las necesidades de los venezolanos y abran el camino a un "futuro de libertad, reconciliación y desarrollo".

"Oportunidad única"

Entre tanto, el Gobierno de Estados Unidos aplaudió el inicio de las conversaciones y definió el diálogo como una "oportunidad única" para la reconciliación y la transición en el país suramericano.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que mantiene su "compromiso" de apoyar este proceso, que forma parte del plan de tres fases que Washington le impuso a Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática.

Además, instó a todos los interesados a que apoyen este esfuerzo para lograr resultados tangibles para los venezolanos.

Asimismo, la mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), manifestó su deseo de que estas conversaciones generen "avances reales" para el país.

En un comunicado publicado en X, señaló que su compromiso estará con todo esfuerzo que produzca "resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país".

Organizaciones y activistas también se pronunciaron alrededor del tema. Un grupo de activistas sociales de Venezuela exigió a la mesa de diálogo la "inmediata designación" de un nuevo CNE para celebrar comicios.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela planteó 10 condiciones, entre ellas la libertad plena para quienes consideró han sido "perseguidos por expresarse".