Colombia decide entre dos visiones opuestas de país: Estas son las claves del balotaje presidencial

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década. Estos comicios están empañados por el asesinato a tiros de un candidato presidencial y ataques con bombas y drones explosivos en el país con la mayor producción de cocaína del mundo.

De la Espriella recoge el descontento de una parte del electorado que rechaza las políticas de paz con las que Petro intentó sin éxito negociar con los grupos armados.

En lugar de firmar acuerdos, las organizaciones aprovecharon los diálogos para fortalecerse, aseguran analistas.

Cepeda fue uno de los arquitectos de la llamada "paz total", aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisar esa política.

"Un presidente tiene que defender a su población", dice Juan Rodríguez, estudiante de derecho de 22 años, seducido por la promesa de "seguridad seria" de De la Espriella y su negativa a "negociar con bandidos".

El abogado promete poner fin a las conversaciones bajo el lema "la paz no se negocia, se impone".

También busca acabar con el tribunal surgido del pacto de paz, que juzga crímenes atroces del conflicto y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes reparen a las víctimas y cuenten la verdad.

Desde el histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, la tasa de homicidios se mantiene estable, en alrededor de 25 por cada 100.000 habitantes, pero la extorsión, la minería ilegal y los desplazamientos se han disparado.

Petro mantuvo un gasto público elevado para financiar programas sociales, mientras el déficit fiscal escaló al 7% del PIB, el segundo mayor de la región después de Brasil.

Cepeda propone continuar la línea del primer gobierno izquierdista de Colombia, que llevó la pobreza a mínimos históricos, un 28% el año pasado según la autoridad estadística.

Admirador del presidente argentino Javier Milei, De la Espriella promete reducir el tamaño del Estado en un 40% y aplicar austeridad fiscal.

Quien "prometa disminuir el gasto se va a encontrar con una realidad muy difícil", dice Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Seguidores de Cepeda han anunciado protestas si se restringe la educación gratuita, aumenta el desempleo o frenan los históricos aumentos del salario mínimo.

Claribed Palacios, de 47 años, preside un sindicato de trabajadoras domésticas afrodescendientes y asegura que con el aumento salarial del 23% del año pasado sus compañeras pueden "ahorrar un poco" y visitar a sus familias a fin de año.

Unas 1,8 millones de personas salieron de la pobreza entre 2024 y 2025 en el país más desigual de Latinoamérica, según el Banco Mundial.

Para reflotar un sistema de salud colapsado, De la Espriella propone regresar a un modelo con mayor participación de privados como administradores de los recursos públicos.

En cambio Cepeda apunta a un sistema donde el Estado controle el dinero y las entidades privadas presten servicios.

Según Augusto Galán, exministro y director del centro de estudios Así Vamos en Salud, Petro ha "profundizado la crisis" de un sistema que ya venía maltrecho, al intentar robustecer la participación estatal sin recursos suficientes.

La "constante batalla mes a mes" por la medicación y tratamientos es "frustrante", dice Nataly Ahumada, que enfrenta demoras para atender a su hijo Mateo, de 22 años, cuya enfermedad le genera convulsiones.

"Uno no tiene vida (...) toca puertas y ve que esas puertas no se abren", dice Ahumada.

Para recuperar las arcas del Estado, De la Espriella quiere reanudar la exploración de petróleo, suspendida por Petro para priorizar la transición hacia energías limpias ante la amenaza del cambio climático.

Además dice que hará "fracking a lo que dé" y minimiza los riesgos ambientales de esta técnica, que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para romper las formaciones rocosas donde se concentra el hidrocarburo.

Para Gabriela Zambrano, química de 22 años, esta es una línea roja.

"Mi prioridad es el medio ambiente. Yo no apoyaría el fracking", dice.

De su lado Cepeda defiende la transición energética como una "necesidad inaplazable".

Esa política "antiextractivista" tiene un impacto en las finanzas públicas y la "independencia energética", considera Iván Rico, profesor de finanzas de la Universidad del Rosario.