Entre octubre y diciembre está previsto que se desvinculen de las filas del Estado unas 10 mil personas, según el ministro de Economía, Richard Martínez, como parte de los esfuerzos para reducir el gasto corriente y equilibrar las finanzas del país.
Dos años y siete meses después de su posesión, el gobierno del Presidente Lenín Moreno ha desvinculado a 23 mil funcionarios públicos.
El presidente Moreno se ha quejado en diversas ocasiones que la 'mesa servida', es decir, la economía en orden y llena de recursos que su antecesor, Rafael Correa, dijo que le dejaba como legado, no era más que un mito.
De manera que el Estado ha tenido que reducir sus gastos y aplicar un plan de austeridad que ha incluido desde la reducción de salarios en las empresas públicas, el recorte en el presupuesto de inversión del Estado y la reducción de la nómina de empleados públicos.
La reducción del personal se sustenta en el Decreto Ejecutivo 135 (plan de optimización y austeridad) firmado el 1 de septiembre de 2017.
Entre octubre y diciembre de 2019, el gobierno prevé la desvinculación de al menos 10.000 empleados públicos. Si el plan se cumple, hasta finales de año saldrán 33 mil servidores públicos.
Moreno estableció, entre otras cosas, la reducción de gastos, como el pago de horas extra y no contratar personal para llenar los los cargos que van quedando vacantes.
El recorte de funcionarios también se establece en el Acuerdo Ministerial 001-2019, que apunta a la eliminación de las oficinas zonales o puestos duplicados en los nueve distritos del país.
A pesar de esas políticas, en el servicio público ecuatoriano existían 488.881 funcionarios hasta agosto de 2019, según el Ministerio de Trabajo. Sus salarios están considerados en el Presupuesto General del Estado (PGE).
De ellos, el sector de la educación tiene 225.720 empleados. Es el segmento más grande en el servicio publico.
La categoría "otros sectores" está integrada por funcionarios de Ambiente, Comunicación, Administración, así como de Agricultura, Asuntos del Exterior, Defensa Nacional, Desarrollo Urbano y Vivienda, Finanzas, Recursos Naturales, Trabajo, Turismo y de la función de Transparencia y Control Social.
Empleo público por privado
Las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno el 1 de octubre, apuntan a que el Estado deje de ser el principal empleador y, a cambio, dinamizar el empleo en el sector privado.
El Presidente anunció las medidas en una cadena de televisión nacional en la que subrayó que "lo más importante es el empleo" y por eso, dijo, es fundamental la nueva ley laboral, que contiene varias reformas, entre ellas:
- La reducción del periodo de vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos.
- Los trabajadores de las empresas públicas, aportarán mensualmente, un día de su salario.
- Reducción del salario máximo en contratos ocasionales y nombramientos provisionales, los que significará un ahorro de USD 148 millones anuales en la fase inicial.
- Reducción de salarios en contratos ocasionales, lo que ayudará al Estado a ahorrar USD 148 millones en la primera etapa.
- La eliminación del 35% de recargo de los contratos eventuales y ocasionales para el sector privado.
- La creación del contrato para emprendimientos nuevos: si el negocio no funciona en un periodo máximo de tres años, el contrato ocasional terminará sin indemnizaciones. En caso contrario, el contrato pasará a ser de término indefinido.
- Promover la modalidad de teletrabajo, para que las actividades laborales se realicen desde casa.
- La jornada laboral de 40 horas podrá ser distribuida a lo largo de distintos días de la semana, es decir, no estará sujeta a cumplirse de lunes a viernes.
Otros sectores del Estado
La reforma laboral deberá llegar a la Asamblea para su análisis y aprobación pronto.
Mientras tanto, en las empresas públicas seguirá el recorte de la nómina.
Hasta julio se registraban 31.787 empleados en las empresas del Estado, pero en dos meses hubo una reducción de 1.068 funcionarios, con lo que, hasta septiembre, la nómina de estas entidades había bajado a 30.719 personas.
El ministro Martínez afirmó que en 2020, el Ejecutivo exigirá a las empresas públicas un ahorro de USD 100 millones, y, en el caso de la seguridad social, de unos USD 50 millones.
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